Los dos detenidos en la Operación Cloaca que aún permanecían en los calabozos de la Policía Nacional, el ex-director general de Residuos, el ex director general de Residuos, Guillem Riera, de 47 años, y Simón Galmés Veny, empresario del sector de residuos en la Part Forana, de 50 años, pasarán en los próximos minutos a disposición judicial, con el fin de ser interrogados por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, y los fiscales Anticorrupción Miguel Angel Subirán y Pedro Horrach.
Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han señalado que durante su declaración ante los agentes policiales, Riera ha negado los delitos que se le imputan y que, concretamente, son cohecho y malversación de caudales públicos.
Concretamente, durante esta nueva operación contra la corrupción en Mallorca, en la que se han detenido a seis personas, de las que cuatro ya han sido puestas en libertad, se investiga una presunta trama de desviación de fondos en la gestión de residuos en la Part Forana de la isla.
Las personas que quedaron en libertad con cargos, son María Mascaró, directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró; Maria Morey, economista del servicio de Residuos de la Institución Insular; Gabriel Perelló, funcionario e ingeniero técnico de profesión encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores en la isla; y un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (E.F.A). Las mismas fuentes aclaran que la operación sigue abierta y no se descantan nuevos detenidos.
El caso, bautizado como Operación Cloaca, investiga una trama urdida desde el Consell con la connivencia necesaria de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado facturas.
Este caso de supuesta corrupción, que afecta a la gestión en la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la Institución Insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.
Estas irregularidades, según aseguró este jueves el conseller insular de Presidencia, Cosme Bonet, afectan a la recogida de residuos sólidos y urbanos de la Part Forana desde el año 2005, si bien no pudo concretar que estas presuntas irregularidades afectaran a años anteriores.
Según explicó, las presuntas irregularidades se detectaron durante una inspección ordinaria realizada en este departamento durante el verano, situación que se puso en conocimiento de los servicios jurídicos de la Institución y fueron ellos mismos los que recomendaron poner en conocimiento los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para que fuese investigado».
Cabe señalar que Unió Mallorquina ha estado al frente de la gestión de residuos en la pasada legislatura y en la actual, hasta que la ruptura del Pacte, que supuso la expulsión de UM de las Instituciones.
CATI JULVE SE DESVINCULA
La portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Julve, se desvinculó ayer de la trama investigada en el marco de esta operación, tras asegurar «no tener nada que ver», y defender que las facturas en las que estampó su firma durante la época en la que se habrían producido estas irregularidades las rubricó sin saber que estaban infladas o no.
«Yo firmaba, pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios», ha recalcado.
