El abogado de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Francisco Maroto, ha pedido amparo al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Barcelona por el presunto espionaje al que fue sometido por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según informa el sindicato en un comunicado.
El abogado denuncia, en sendos escritos remitidos, desconocer si existió o no la autorización judicial necesaria para proceder a cualquier tipo de escucha telefónica o investigación, tal y como recoge la Constitución Española y el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Asimismo, Maroto afirma desconocer la veracidad de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el espionaje al que fueron sometidos los representantes de USCA durante los pasados 3 y 4 de diciembre cuando provocaron el caos aéreo.
Según las informaciones hechas públicas, el encargo de las escuchas telefónicas fue responsabilidad del secretario de Estado de Interior, el cual se lo trasladó al director general de la Policía y al de la Guardia Civil.
Esta actuación del abogado de USCA es paralela a la acción realizada por el presidente del sindicato, Camilo Cela, y su secretario de comunicación, César Cabo, quienes se dirigieron al Fiscal General del Estado con el fin de solicitarle una entrevista para pedirle su amparo por el presunto espionaje.
La decisión de Maroto de pedir protección al Consejo General de la Abogacía viene motivada por el hecho de que en el propio Estatuto General de la Abogacía se otorga a dicho órgano la función de proteger la lícita libertad de actuación de los abogados.
Por su parte, la comunicación al Colegio de Abogados de Barcelona, al que está adscrito el abogado de los controladores, se hace en virtud de la potestad de estos colegios de representar y defender a la profesión, así como de ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los intereses y derechos profesionales de los abogados.
