El Tribunal Supremo revisará este martes en una vista pública las condenas de entre seis y siete años de cárcel impuestas, por los delitos de integración y colaboración con organización terrorista, a cinco de los 13 acusados de actuar como captadores e informadores de la banda terrorista ETA cuyos nombres aparecieron en la documentación incautada al dirigente etarra Ibon Fernández de Iradi, ‘Susper’, tras su detención en diciembre de 2002.
Las condenas impuestas en su día por la Audiencia Nacional supusieron una rebaja respecto de las peticiones iniciales de la Fiscalía, que había solicitado condenas de entre siete y diez años de cárcel para todos los acusados. El ponente de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo sobre este caso será José Manuel Maza.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional impuso siete años de cárcel a Zugaitz Izaguirre y Carlos Moisés Martín por integración en ETA y seis años a Regina Maiztegi, Alberto González Etxeberria y Mikel Garaiondo por un delito de colaboración.
Además, la Audiencia Nacional absolvió del delito de pertenencia a Ramón López Cid e Ikerne Indakoetxea, y del de colaboración a Maider Egiguren, Galder Bilbao, Gorka Iriarte, Iker Casanova, Arantza Martín y Francisco Javier Gil. Sus nombres aparecieron en la documentación incautada al dirigente etarra Ibon Fernández de Iradi, ‘Susper’, tras su detención en diciembre de 2002.
La sentencia consideró probado que los condenados formaban parte del subaparato de captación (‘banatzailes’) de ETA, que se encargaba de la distribución de cartas de la banda por orden de los ‘pescadores’ (‘arrantzaleak’), que actuaban como responsables del aparato de captación.
Las personas reclutadas se dedicaban a la obtención de información sobre posibles objetivos, la formación de ‘taldes’ legales y la captación de distribuidores de cartas de ETA, según constaba en la resolución judicial, que añadía que estas actividades se desarrollaban en las provincias de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra.
INFORMACION SOBRE EDILES DE PP Y PSOE
La sentencia de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, detallaba que algunos de los condenados facilitaban información sobre posibles objetivos contra los que atentar. Es el caso de Regina Maiztegi, ex concejal de EH que entregó a ‘Susper’ una foto del Pleno del Ayuntamiento de Soraluze (Guipúzcoa) e informó a Angel Murgoitio sobre dos ediles, uno del PP y otro del PSOE.
Otros llegaron a integrarse activamente en la banda, como Carlos Moisés, que según la sentencia pertenece a ETA desde 1995 y realizó un cursillo de 24 horas sobre manejo de armas y preparación de explosivos en Urnieta (Guipúzcoa). Tras recibir dos pistolas y explosivos de manos del etarra Juan María Insausti, ‘Karpov’, participó en varios atentados en 1996, como el ametrallamiento del cuartel de la Guardia Civil en San Sebastián.
Zugaitz Izagirre se integró por orden de ‘Susper’ en el ‘comando Ezkurra’ o ‘Ezkur’, desde el que facilitó información sobre torretas, antenas y edificios oficiales, mientras que Alberto González participó en acciones de violencia callejera (‘kale borroka’) y Mikel Garaiondo facilitó a ‘Susper’ el nombre de seis posibles colaboradores.
En todos los casos, el tribunal justificó sus condenas a partir de los informes de inteligencia elaborados por el Cuerpo Nacional de Policía y las declaraciones prestadas por los acusados en sede policial.
La Sala justificó las absoluciones del resto de los acusados por falta de pruebas que acrediten su colaboración con ETA. Así, por ejemplo, Maider Egiguren y Gorka Iriarte no reconocieron las actividades imputadas ni en su declaración policial, mientras que Iker Casanova ya había sido condenado por integración en organización terrorista.
