El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos interpuestos contra el nombramiento de cuatro de los magistrados del alto tribunal, tres de ellos integrantes de la propia Sala Tercera, han informado a Europa Press fuentes de este órgano. Igualmente, ha confirmado la legalidad del nombramiento de Clara Martínez de Careaga –esposa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido–, para la Sala de lo Militar del Supremo.
Los recursos contra el nombramiento de los magistrados Isabel Perelló, José Antonio Montero Fernández y Carlos Lesmes y Martínez de Careaga fueron estudiados en un Pleno que comenzó este martes y cuyas sesiones se prolongaron hasta la tarde del miércoles.
Las impugnaciones habían sido presentadas por María Asunción Salvo, presidenta suspendida de la Sección Sexta de la Audiencia Nacional, que no estaba de acuerdo con las razones que adoptó en su día el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir a estos candidatos de entre todos los que optaban al cargo.
Ha sido la primera ocasión en la que la propia Sala de lo Contencioso ha tenido que estudiar y motivar la legalidad del nombramiento de varios de sus miembros. Se da la circunstancia de que Salvo ha sido suspendida por dos años por el CGPJ por no abstenerse en dos causas en las que su marido intervenía como abogado de una sociedad de la que ella poseía acciones.
ESPOSA DEL FISCAL
El Pleno de la Sala Tercera del Supremo ha rechazado igualmente el recurso interpuesto contra el acuerdo del CGPJ por el que el CGPJ nombró a Clara Martínez de Careaga, esposa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para la plaza de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que dejó libre el magistrado Angel Juanes, actual presidente de la Audiencia Nacional.
Se precisaban 13 votos para lograr el nombramiento, aunque finalmente la candidatura de Clara Martínez, que antes de su nombramiento ocupaba una plaza de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), obtuvo el apoyo de 15 de los 21 vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces.
