El magistrado el Tribunal Supremo, Manuel Marchena -que instruye la causa abierta al juez Baltasar Garzón por los cobros que obtuvo al organizar varios cursos en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006- ha trasladado a la Sala de lo Penal de este órgano la decisión sobre si debe aceptarse o no la personación de una nueva acusación particular en este proceso, la que quiere ejercer una ciudadana chilena que es parte en el proceso de blanqueo de capitales contra la familia Pinochet en la Audiencia Nacional.
Según ha informado a Europa Press la acusación particular en esta causa, representada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, las razones de Herminia Francisca Antequera para acusar a Garzón pasan por considerar que el juez suspendido de la Audiencia Nacional pudo incurrir en prevaricación al no pedir al banco Santander información sobre las cuentas que los testaferros de Pinochet tenían en la entidad.
Marchena ha dictado una providencia en la que deriva este asunto la Sala de lo Penal para que sea esta quien, en su caso, autorice la nueva entrada de la ciudadana chilena como acusación particular, ya que él carece de atribuciones para ello.
En el escrito que remitió al juez Marchena el pasado 27 de diciembre, Antequera explica que conoció por la prensa que el instructor del Supremo había ordenado a la Audiencia nacional que le enviara una copia del procedimiento que el propio Garzón abrió en su día para investigar las cuentas del dictador chileno.
«El hecho de no haber investigado en el Banco Santander a posibles testaferros de Augusto Pinochet sería causa de perjuicio para mi mandante», señala en su escrito la representación letrada de Antequera, que pide por ello que se declare a esta mujer como parte en el proceso abierto contra Garzón en el Tribunal Supremo.
Uno de los últimos pasos dados en este procedimiento fue la reclamación por parte de Marchena el pasado mes de septiembre a la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil para que realizara un informe acerca del «origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por el juez Baltasar Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006», que fue el periodo en el que el suspendido juez de la Audiencia Nacional organizó diversos cursos en la Universidad de Nueva York, mientras disfrutaba de una excedencia.
Esta petición se enmarca en la instrucción que el magistrado Marchena realiza a raíz de la querella que se tramita por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, que podría haber cometido en relación con la dirección de los citados cursos.
