La Audiencia Nacional juzgará este miércoles a las empresarias Blanca Rosa Bruño y María Isabel Bruño, a las que se acusa de un delito de colaboración con organización terrorista por pagar supuestamente de forma voluntaria el �impuesto revolucionario� de ETA y aportar al menos 6.000 euros a la banda.
El fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, pedirá que se impongan sendas multas de 27.000 euros para cada una de las acusadas en el juicio que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este miércoles a partir de las 10.30 horas contra ellas. Además de las multas, el representante del Ministerio Público solicitará su inhabilitación absoluta por un periodo de diez años.
El escrito de acusación de González Mota señala que las procesadas son socias constituyentes de la empresa Andrés Bruño, una sociedad comercializadora de marisco con sede en San Sebastián. En la actualidad Blanca Rosa es presidenta y María Isabel vicepresidenta del Consejo de Administración.
Las acusadas recibieron a lo largo del año 2003 una carta de ETA en la que se les reclamaba «el pago de 120.000 euros». Las hermanas Bruño «contactaron con la organización terrorista para negociar el pago» y enviaron una carta a ETA pidiendo una disminución de la cantidad a aportar.
Finalmente, las empresarias entregaron «voluntariamente», según el fiscal, un total de 6.000 euros, una «aportación que ETA agradeció a las acusadas». �No consta que pusieran en conocimiento de las autoridades estos hechos», destaca González Mota en su escrito.
Los agentes encontraron en el domicilio de Burdeos en el que fue detenido el ex «número uno» de ETA Francisco Javier López Peña, alias «Thierry», y otros tres dirigentes de la organización terrorista, una carta, fechada en abril de 2008, en la que la banda agradecía a las hermanas Bruño su «aportación». Esta misiva hacía una llamada al «patriotismo» y «al compromiso con los fines de ETA para nuevas aportaciones».
