La jueza interroga este lunes al responsable de seguridad de la UTE y a un transportista como imputados en el caso Peaje

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, interrogará este lunes, en calidad de imputados, al responsable de seguridad y salud de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Carlos Calafat, y al transportista que participó en las obras José Rubio, en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de unos 23 millones de euros durante la ejecución de estos trabajos, conocida como caso Peaje.

Según las investigaciones, Calafat se habría beneficiado de medios destinados a la carretera para su propio chalet mientras que Rubio efectuó trabajos a nivel particular que presuntamente fueron facturados a la UTE, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han explicado que ambos ya ofrecieron su versión de los hechos en dependencias de la Jefatura Superior de Policía.

Cabe recordar que en el marco de esta causa se encuentran imputados varios ex responsables políticos y numerosos empresarios que participaron en estas obras. Entre ellos el ex vicepresidente y ex conseller de Obras Públicas y Carreteras del Consell, Antoni Pascual (UM), los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre -que eludieron en su día ingresar en prisión tras depositar fianzas de 125.000 y 75.000 euros-, respectivamente, así como el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía en marzo de 2009 a raíz del supuesto desfase de unos 23 millones de euros sobre la cantidad presupuestada para la reforma y modernización de la carretera, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715. En concreto, en ella se indaga la posible comisión de delitos de malversación, cohecho y prevaricación, entre otros, al haberse producido un supuesto desvío de fondos a obras privadas que fueron facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera.

Cabe recordar que la operación se saldó en marzo de 2009 con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los dos funcionarios, los únicos que pasaron a disposición judicial. A partir de ese momento la Fiscalía se dedicó a estudis toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.

La obra se llevó a cabo en la pasada legislatura por parte del Consell de Mallorca cuando esta institución estaba gobernada por UM, iniciándose el 11 de junio de 2004 con la colocación simbólica de la primera piedra. Asimismo, requirió una inversión de 140 millones de euros y consistió en el desdoblamiento de dicha carretera con enlaces en las intersecciones y las rotondas.

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