Continúa el juicio con la declaración de un perito de la Agencia Tributaria

El Tribunal encargado del juicio del caso ‘Malaya’, contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), tiene previsto seguir este lunes la vista oral, en concreto con el bloque referido a la operación Crucero Banús, con la declaración de un funcionario de la Agencia Tributaria que ya comenzó a declarar la pasada semana, aunque no fue interrogado por todas las defensas de los acusados.

Asimismo, están pendientes por declarar en este bloque otros testigos, como el que fuera responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo, el marbellí Jorge González, cuya declaración en un procedimiento por delito urbanístico propició el inicio de la investigación del caso ‘Malaya’. El presidente de la Sala, José Godino, ha pedido a los letrados brevedad en sus interrogatorios.

Por esta operación, el fiscal Anticorrupción acusa al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; al exedil Pedro Román y a su hija; al letrado Juan Hoffman, y al excomisario Florencio San Agapito, aunque por otras acusaciones están procesados también el empresario José Avila Rojas, el tasador José Mora y el exalcalde Julián Muñoz.

Según el escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción, Román «se concertó» con Roca, San Agapito y Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, «un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado».

Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación «se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados», dice la acusación pública, que cifra estos beneficios en más de seis millones de euros.

La operación la realiza una sociedad en Suiza que «va a comprar las participaciones sociales de la entidad titular de los terrenos», Yambali 2000. Según el fiscal, el convenio, que se celebra el mismo día de la compra de la parcela, se produce un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo.

Al mismo tiempo, incide, los aprovechamientos del Ayuntamiento «se ven reducidos, pues de los 5.442 metros cuadrados que le correspondían sólo se consignan 2.400», con lo que «el perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros». Luego se transfiere parte de la sociedad a empresas de Avila Rojas.

Los acusados han reconocido que participaron en esta operación y que obtuvieron beneficios, pero han asegurado que existía un convenio anterior que registraba los mismos parámetros para construir sobre la parcela y que estas características urbanísticas fueron establecidas por el entonces alcalde Jesús Gil.

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