Las asociaciones de jueces, divididas sobre si el estatuto de la izquierda abertzale debe condenar la violencia pasada

Las principales asociaciones de jueces se han mostrado divididas sobre el hecho de que los estatutos del nuevo partido que la izquierda abertzale quiere registrar el miércoles no condenen expresamente la violencia perpetrada por la banda terrorista ETA en el pasado y han coincidido en la «complejidad jurídica» de este asunto, según han manifestado sus portavoces en declaraciones a Europa Press.

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la nueva formación debe, «más allá de manifestaciones formales», acreditar que «no participa en los objetivos de ETA» y que rechaza sus acciones «pasadas y futuras». En opinión de su portavoz Pablo Llarena, las acciones terroristas «tienen una historia», por lo que el rechazo debe abarcar tanto los atentados futuros como los pasados.

«Para que se ajuste a la Ley de Partidos tiene que estar alejada absolutamente de cualquier objetivo que sea mantenido por parte de organizaciones terroristas, eso se refiere tanto a un comportamiento futuro como a lo que ha podido ser su estrategia y sus objetivos en el pasado», ha defendido Llarena.

PRESENTACION POR ETXEBERRIA

El hecho de que personas como el ex responsable de Batasuna Rufi Etxeberria, imputado en la causa que investiga la financiación de ETA a través de herriko tabernas, haya sido el responsable de presentar el nuevo partido de la izquierda abertzale supone «un marcador de control» sobre la posibilidad de ilegalizar a la formación.

En similares términos se ha posicionado el representante de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) Joaquín González, quien ha advertido de que la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional exige que la condena a los actos de terrorismo sea «pura y no condicionada». «En el caso de que la condena sea condicionada, sea una condena de futuro podría chocar con un obstáculo de legalidad», ha añadido.

«La cuestión jurídicamente es muy compleja», ha señalado, antes de recordar las ilegalizaciones de listas como Batasuna o Acción Nacionalista Vasca (ANV). Según ha dicho, el hecho de que algunos de sus responsables, miembros o representantes fueran personas vinculadas en el pasado a candidaturas anteriormente ilegalizadas fue «determinante» para evitar su presencia en las instituciones.

«UN SALTO CUALITATIVO»

Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha considerado que las manifestaciones de Etxeberria sobre los nuevos estatutos revelan «un salto cualitativo» en la posición de la izquierda abertzale que «no se puede dejar de apreciar».

En cuanto a la necesidad de que la lista rechace la violencia pasada, ha destacado que la Ley de Partidos «lo único» que establece es que «se considerará que hay fines ilícitos cuando se legitimen las acciones terroristas para la consecución de fines políticos», por lo que no fija «una referencia expresa a acciones pasadas o futuras». «En principio podría pasar el test de legalidad», ha indicado.

Eso sí, ha avisado de que la Ley de Partidos sí impide la constitución de un partido que incluya en sus órganos directivos o lista electoral a personas condenadas por delitos de terrorismo o militen en «organizaciones vinculadas a grupos terroristas». «Esa segunda parte habrá que verla y confiamos en que si se detecta alguna irregularidad el Ministerio Fiscal o el abogado del Estado ejercite las acciones que prevé la Ley de Partidos para impedir la legalidad», ha concluido.

Las asociaciones de jueces han valorado así las palabras de Rufi Etxeberria afirmando, durante la presentación del nuevo partido en Bilbao, que «la izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones».

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