El magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Enrique Quiñonero Cervantes, ha ordenado la apertura de juicio oral para ocho acusados por el denominado caso Limusa, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en torno a esta empresa de limpieza de Lorca.
Entre los acusados se encuentran el ex director de la entidad Limusa, desde 1998 hasta 2009, Francisco Gil Eguino; y el que fuera alcalde de Lorca desde 1993 hasta 2006 y ex presidente de dicha empresa municipal, Miguel Navarro.
Además, el juez ha ordenado la apertura de juicio oral para el concejal delegado de Limusa desde 2003 a 2007 y actual diputado regional, Bartolomé Soler, quien ocupó el cargo de teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca entre 1995 y 2007 y ejerció de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio lorquino entre 2003 y 2007.
Además, Soler fue secretario de Organización del PSOE en Lorca y, hasta ahora, era diputado regional, vocal de la Ejecutiva Regional del PSOE, vocal de la Ejecutiva Municipal de Lorca y miembro del Comité Regional del PSRM-PSOE.
El magistrado del TSJRM ha dado un plazo de 24 horas para que presten fianza, que en el caso de Francisco Gil Eguino asciende a 1,2 millones de euros; para Bartolomé Soler suma 911.000 euros; y para Miguel Navarro asciende a 790.000 euros, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.
Los otros acusados para los que el juez ordena la apertura de juicio oral son el consejero delegado de Limusa desde julio de 1999 hasta julio de 2003, Jesús Molina; el que fuera interventor del Consistorio lorquino, Francisco Poyatos; la cónyuge de Francisco Gil Eguino, Ofelia González; los contratistas de Limusa, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles.
En este caso, a Jesús Molina el TSJ le reclama prestar fianza por 520.000 euros; a Francisco Javier Poyatos 865.000 euros; a Ofelia González en la cantidad de 265.000 euros; a Juan Antonio Franco en la cantidad de 42.000 euros; y para Antonio Francisco Corceles en la cantidad de 42.000 euros.
Será la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el órgano competente para el enjuiciamiento.
