El interrogatorio al siempre polémico presidente del Partido Socialista de Euskadi podría estar relacionado con unos números de teléfono que llevaba el etarra Juan Carlos Yurrebaso
La pasada semana fueron llamados a declarar, en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz, que investiga el llamado «caso Faisán», integrantes de las cúpulas de la Policía y la Guardia Civil durante el llamado «proceso de paz» (marzo de 2006-junio de 2007) y el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, uno de los más activos participantes en dicho proceso.
Como revela en exclusiva Juan María Zuloaga en el diario La Razón, las comparecencias, dentro de la máxima discreción, se produjeron en relación con la parte de la Comisión Rogatoria, remitida por la juez francesa Laurence Le Vert (nueve folios) que el magistrado español mantiene secreta para las partes personadas, aunque no para el fiscal.
Zuloaga, siempre bien informado en asuntos de ETA, afirma que el interrogatorio al siempre polémico presidente del Partido Socialista de Euskadi podría estar relacionado con unos números de teléfono que llevaba el etarra Juan Carlos Yurrebaso, uno de los participantes en la negociación con el Gobierno durante ese «proceso», o con las actas que la banda redactó sobre lo acontecido en dichas conversaciones.
Entre las personas citadas, además de Eguiguren, estaban el que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; los directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico (que continúa en el puesto) y el general José Manuel García Varela (ya retirado); y los jefes de Información, el comisario Telesforo Rubio (destinado ahora en Moscú) y el general Martín Alonso (que sigue en Información).
¿ENCUBRIDOR O CABEZA DE TURCO?
De víctima a verdugo, y viceversa. Ésta puede ser la historia de Carlos Germán, el inspector de Policía que investigó el chivatazo que se dio a ETA el 4 de mayo de 2006.
Su papel es crucial en este caso ya que fue el agente al que se le encargó la operación para detener a la red de extorsión etarra que iba a desarrollarse entonces de forma conjunta por la Justicia española y francesa en torno al bar Faisán de Irún.
También es el hombre que se ha encargado de investigar a los propios investigadores del soplo, es decir, a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en este dispositivo.
Hasta ahora, su figura había estado siempre en el punto de todas las miradas pero desde este martes aún más.
El motivo es que su superior jerárquico José Cabanillas, quien estaba al frente de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) en mayo de 2006 declaró el 8 de febrero de 2011 en el juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora dirige el juez Pablo Ruz.
El jefe policial acusó a Carlos G. de intentar borrarla grabación donde el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, le reconocía a su cuñado que había recibido un soplo de la Policía.
