El TS rechaza la personación de una chilena víctima de Pinochet en la causa del Santander

El Tribunal Supremo ha rechazado la personación de una ciudadana chilena como nueva acusación particular en la causa abierta al juez Baltasar Garzón por los cobros presuntamente irregulares que obtuvo al organizar varios cursos en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Esta mujer, parte en el proceso que se desarrolla contra la familia Pinochet por blanqueo de capitales, había solicitado al alto tribunal poder acusar a Garzón de prevaricación al considerarse perjudicada por las decisiones que el juez suspendido de la Audiencia Nacional adoptó en la causa que abrió contra la familia del ex dictador chileno.

Las razones de Herminia Francisca Antequera para acusar a Garzón pasan por considerar que el juez suspendido de la Audiencia Nacional pudo incurrir en prevaricación al no pedir al banco Santander información sobre las cuentas que los testaferros de Pinochet tenían en la entidad.

El auto del Supremo dado a conocer este viernes contesta a esta mujer aue en la causa por los presuntos pagos irregulares de la universidad neoyorquina «no se investiga ningún hecho relacionado con la conducta que menciona en su escrito, y de los que son investigados no se desprende la posibilidad de que hubieran causado perjuicio alguno a la compareciente. Por estas razones se deniega la personación.

En el escrito que remitió al juez Marchena el pasado 27 de diciembre, Antequera explica que conoció por la prensa que el instructor del Supremo había ordenado a la Audiencia nacional que le enviara una copia del procedimiento que el propio Garzón abrió en su día para investigar las cuentas del dictador chileno. «El hecho de no haber investigado en el Banco Santander a posibles testaferros de Augusto Pinochet sería causa de perjuicio para mi mandante», señalaba en su escrito la representación letrada de Antequera, que pide por ello que se declare a esta mujer como parte en el proceso abierto contra Garzón en el Tribunal Supremo.

Uno de los últimos pasos dados en este procedimiento fue la reclamación por parte de Marchena el pasado mes de septiembre a la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil para que realizara un informe acerca del «origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por el juez Baltasar Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006», que fue el periodo en el que el suspendido juez de la Audiencia Nacional organizó diversos cursos en la Universidad de Nueva York, mientras disfrutaba de una excedencia.

Esta petición se enmarca en la instrucción que el magistrado Marchena realiza a raíz de la querella que se tramita por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, que podría haber cometido en relación con la dirección de los citados cursos.

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