Para explicar por qué se retrasó tanto en informar al juez, Telesforo dijo que había habido un fin de semana de por medio
El ex comisario general de Información, Telesforo Rubio, socialista de toda la vida y uno de los jefes policiales que con mayor entusiasmo recibió la victoria electoral de Zapatero en 2004, hace todo lo que puede para quitarse de encima el ‘marrón‘ del caso Faisán.
Este 10 de febrero de 2011, ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el que era jefe de la lucha antiterrorista, porque estaba al mando de la Comisaría General de Información cuando se produjo el chivatazo a ETA (4 de mayo de 2006) se puso de perfil.
PIERDE LA MEMORIA
Telesforo Rubio, que ha declarado como testigo durante cerca de 45 minutos, «no ha aclarado nada», según las citadas fuentes, en relación con la declaración que realizó el pasado martes el comisario jefe accidental de la Unión Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, José Cabanillas, superior directo de Carlos Germán.
Este aseguró que el jefe de los investigadores le pidió eliminar esta prueba porque la operación «conllevaba riesgos políticos» al producirse durante la tregua de ETA y estar implicado «un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre».
En la conversación, que se produjo el 4 de mayo de 2006, día del chivatazo, Elosúa indicaba a su cuñado que una persona que había entrado en su bar sin identificarse le había advertido que le seguían y que sabían que el día anterior había mantenido una reunión en una sidrería de Oiartzun (Guipúzcoa).
Según Elosúa, el autor del chivatazo le dijo que la policía era consciente de que iba a entregar «nueve botellas de vino», que los investigadores relacionan con entregas del impuesto revolucionario, que «se las guardara» para «no fastidiar todo el proceso» y que, si cruzaba la frontera, se iba a producir la detención del enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur.
Habría habido un delito
El compareciente se ha limitado a señalar que no recuerda que Carlos Germán le pidiera borrar esta conversación ni que trasladara esta solicitud a José Cabanillas, que entonces era su subordinado.
En todo caso, ha añadido que, si ésta se hubiera producido, nunca se habría llevado a cabo porque habría supuesto la comisión de un acto delictivo.
NIEGA TRES VECES
Negó Telesforo, quien ahora vive cómodamente en Moscú como agregado de Interior en la embajada española, haber sido informado de que el policía que dirigía la investigación, Carlos Germán, quiso eliminar pruebas.
Eso es lo que tres días antes habia comunicado al juez su subordinado, el entonces jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) José Cabanillas.
Según Cabanillas, el comisario Carlos Germán le contó que existía un chivatazo 24 horas después de que se produjera. Y lo hizo, al parecer, «de forma algo extraña«.
Tras conocer la conversación grabada en la baliza del coche de Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán, en la que éste le cuenta a su yerno que alguien le había dado un soplo, dice un comisario que el otro hizo un primer intento de eliminarla, porque era «comprometedora«.
Según Cabanillas, Germán se presentó en su despacho y le confesó que había pedido a los de sistemas especiales, que custodiaban la baliza, que borraran la conflictiva grabación, pero que éstos no le habían hecho caso.
Al parecer, los agentes exigieron a su superior que les diera la orden por escrito, para tener las espaldas cubiertas, y este no lo consideró oportuno.
Acto seguido, Germán pidió a Cabanillas que él, como jefe de la UCI, se lo solicitara personalmente a los policías. A lo que el interpelado se negó tajantemente, siempre según el testimonio del propio Cabanillas.
Admitió Telesforo Rubio ante el juez este viernes que, el mismo día que informó al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de que se había producido un soplo, se lo contó también al director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, posteriormente imputado en el caso.
No fue explícitamente preguntado por el juez Ruz ni por la acusación popular ni por el fiscal coordinador de terrorismo de la Audiencia, Vicente González Mota, si, tras conocer el chivatazo, informó al ministro del Interior, que ya entonces era Alfredo Pérez Rubalcaba -lleva apenas un mes en el cargo.
Para explicar por qué se retrasó tanto en informar al juez de que se había llevado a cabo un chivatazo, Telesforo Rubio argumentó que había habido un fin de semana de por medio.
Relató que Cabanillas y Carlos Germán le informaron del delito un día después de que se produjera, el viernes 5 de mayo de 2006 por la mañana -aquí sí ratifica el testimonio de Cabanillas-.
Sin embargo, aseguró que no recibió la transcripción de la grabación de la baliza situada en el vehículo de Elosúa hasta el 8 de mayo, lunes.
Explicó que ese día hizo un informe y ordenó que se trasladara al juez Grande-Marlaska, quien posteriormente se quejó de lo tarde que se le informó.
La declaración de Telesforo no respalda por lo tanto el grueso del testimonio ofrecido el pasado martes por Cabanillas, que daba un vuelco a la investigación. Rubio trabaja desde 2008 como agregado de Interior en la embajada española en Moscú, trabajo por el cual ingresa alrededor de 24.000 euros mensuales.
El juez Ruz mantiene el caso del chivatazo a ETA más abierto que nunca. Por el momento siguen imputados el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y un inspector de Vitoria como presuntos autores del soplo. Aunque hasta el momento no hay ninguna vinculación política.
Tras la reactivación del caso con la incoación de sumario el pasado 24 de enero, el juez ha ordenado dos baterías de diligencias y llamado a declarar a media docena de policías. Sin embargo, por el momento ha frenado la implicación de altos cargos políticos del Ministerio del Interior.
Uno de los teléfonos que contactó con el imputado García Hidalgo el día del chivatazo, una jornada antes y un mes después, cuando se produjeron las detenciones previamente frustradas por el soplo, pertenecía al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
Sin embargo, el juez decidió no llamarle a declarar por entender que los contactos pudieron enmarcarse dentro de la habitual relación profesional que mantenían ambos interlocutores.
El juez Ruz tendrá que decidir sobre el recurso interpuesto por Dignidad y Justicia, que ejerce de acusación popular, contra la decisión de no llamar a declarar a Camacho.
También tiene pendiente el magistrado informar sobre las diligencias solicitadas a la Guadia Civil. El juez pidió al instituto armado que investigue qué policías u otros profesionales custodiaron la cinta número 122, la que grabó la entrada del bar Faisán a la hora a la que la Fiscalía entiende que pudo producirse el soplo, entre las 11 y las 12 horas del 4 de mayo de 2006. La cinta ofrecía dos cortes, uno de ellos pasadas las 11 de la mañana.
El juez pidió también que se entreguen también las cintas anteriores y posteriores con objeto de comprobar si también cuentan con cortes similares. El equipo investigador justificó cuando Baltasar Garzón era el instructor del caso que los cortes se debían a «agentes externos» y que se produjeron «accidentalmente o por deterioro«.
También tiene pendiente Ruz levantar o prorrogar el secreto de sumario que mantiene sobre nueve de los 645 folios enviados por la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert fruto de la comisión rogatoria impulsada por Dignidad y Justicia y ordenada por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
Los informes de Le Vert cuentan la versión francesa de por qué también se paralizó al otro lado de la frontera la operación contra el aparato de extorsión de ETA, que en España fue frenada debido a la intervención del citado soplo a Joseba Elosúa.
De esos nueve folios, explicó el propio Ruz en el auto que decretaba su secreto, podría «derivarse la práctica de determinadas diligencias para el total esclarecimiento de los hechos investigados».
Por el momento, según ha trascendido, el titular del Juzgado número 5 ha ordenado llamar a declarar a la antigua cúpula policial del Ministerio del Interior.
Por el momento, ha comparecido el ex director general de Policía y Guardia Civil Joan Mesquida, al presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, el número uno de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, y su homólogo en el instituto armado García Varela.
NOTA.- este artículo se publicó originalmente en La Gaceta.
