Concedido el indulto al ex presidente de Cantabria Hormaechea de la pena de 3 años de prisión confirmada por el Supremo

El Ministerio de Justicia ha concedido el indulto al ex presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, respecto de la pena de tres años de prisión a que fue condenado por malversación de caudales públicos y que fue ratificada en 2004 por el Tribunal Supremo.

Aunque Hormaechea había sido indultado ya en 1995 por el Gobierno, tras haber sido condenado un año antes por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a seis años de cárcel, dicho indulto quedó anulado después de repetirse el juicio contra el ex político y ser ratificada su condena por el Supremo.

Hormaechea fue condenado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en sentencia de 10 de diciembre de 2002, como autor de un delito de malversación de caudales públicos a la pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años.

También fue sentenciado por un delito de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para empleos o cargos públicos por tiempo de siete años, por hechos cometidos en los años 1988-1989.

Según señala la disposición, consultada por Europa Press, una vez considerados los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero de 2011,

se ha concedido el indulto a Juan Hormaechea, respecto de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años.

SEGUNDO INDULTO

El año 2004, el Tribunal Supremo desestimó un recurso de casación interpuesto por el ex presidente cántabro Juan Hormaechea y confirmó la condena dictada contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en diciembre de 2002, que le impuso una pena de tres años de prisión y 13 de inhabilitación como autor de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En el fallo, la Sala Segunda del Supremo propuso no obstante que el Gobierno concediera el indulto al ex presidente cántabro en lo que se refería exclusivamente a la pena de prisión.

El TSJ de Cantabria condenó en 2002 a Hormaechea a tres años de cárcel y trece de inhabilitación después de que el Tribunal Constitucional ordenara repetir el juicio al admitir el recurso de amparo presentado por el ex presidente cántabro y anular el anterior fallo (seis años de cárcel y 14 de inhabilitación por los mismos delitos) por estimar que uno de sus magistrados había puesto en entredicho su imparcialidad.

La sentencia del Tribunal Constitucional dejó sin efecto asimismo el indulto que en 1995 concedió el Gobierno de la Nación a Hormachea de los seis años de cárcel a los que había sido condenado.

Hormaechea argumentó en su recurso ante el Supremo que se le eximiera de la pena privativa de libertad por haber sido indultado con anterioridad. Sin embargo, el tribunal señaló en su fallo que la «gracia de indulto, a diferencia de lo que ocurre con la amnistía, recae exclusivamente sobre la pena y no sobre el delito, de tal manera que si la pena objeto del indulto se dejó sin efecto por haberse anulado la sentencia que la acordó, el indulto que de ella trae causa deviene ineficaz por inexistente».

Asimismo, el TS matizaba que esta situación «fue provocada por el propio interesado» al presentar un recurso de amparo ante el Constitucional «y no desistir de él después de haber sido indultado, acto propio contra el cual ahora no puede ir ni argumentar la posibilidad impugnatoria».

Sin embargo, en la segunda sentencia del TSJ de Cantabria, que después confirmaría el Supremo, se acordaba «proponer al Gobierno de la Nación la concesión de indulto de la pena privativa de libertad impuesta por el delito de malversación, pero no de las penas de inhabilitación impuestas por dicho delito y por el de prevaricación», indulto que ahora ha sido nuevamente concedido a Hormaechea.

Según los hechos probados reproducidos después por el Alto Tribunal, Hormaechea incurrió en un delito de prevaricación durante su primer gobierno (1987-1990) al adjudicar directamente y sin publicidad a la empresa Oyprocansa la colocación de los cárteles anunciadores de obras financiadas por la Comunidad Autónoma y malversó dinero público al pagar remitidos a prensa en los que insultaba a rivales políticos.

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