El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Miguel Angel Millán, defiende que la ratificación a sus manos de la licencia de primera ocupación otorgada a ‘Sanma Desarrollos Urbanísticos’ S.A., filial del grupo constructor Sando, en cuanto a los suelos del mercado central de abastos, constituye «el final reglado de un procedimiento administrativo» y que dicha licencia gozaba del informe favorable de los servicios técnicos. Dada su imputación en las diligencias relativas al concurso público mediante el que Mercasevilla adjudicó a ‘Sanma’ los derechos de superficie de sus suelos pese a que concurría otra oferta superior, Millán ha advertido de que habría incurrido en «prevaricación» de no haber ratificado tal licencia.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha imputado a Miguel Angel Millán dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando ‘Sanma Desarrollos Urbanísticos’, que se alzó con la adjudicación de los derechos de superficie a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.
La juez Alaya argumenta que, «en virtud de las pruebas practicadas hasta la fecha, concretamente del análisis de los expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, de la documental remitida por Endesa y de lo que se desprende, entre otras, de las declaraciones de Luis Gómez Martínez y de Emilia Barrial Chamizo, procede» imputar a Millán.
Millán, mediante un comunicado, se ha puesto «a disposición de la Justicia para aclarar cualquier extremo que se considere importante para la investigación», pero al tiempo ha advertido de que en su condición de gerente de Urbanismo, ratificó la licencia de primera ocupación referida «como final reglado de un procedimiento administrativo que no es más que la constatación de que los servicios técnicos habían comprobado que las edificaciones habían sido ejecutadas conforme al proyecto, es decir, que se adecuaban a lo proyectado».
«La concesión de la licencia de ocupación se realizó, como no podía ser de otra forma, con el requisito indispensable del previo informe favorable de los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo», defiende el gerente de Urbanismo, quien además señala que la propia Ley le «obliga» a ratificar actos como este, porque «en caso contrario, hubiera supuesto cometer prevaricación».
En esta rama del caso la juez mantiene imputadas ya a 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Area de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
También están imputados la directora del Area Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.
