Un etarra dice que implicó en falso a una acusada de un atentado porque «en toda confrontación hay daños colaterales»

El miembro de la banda terrorista ETA Juan José Legorburu ha declarado hoy ante un tribunal de la Audiencia Nacional que implicó en falso a la acusada María Jesús Arriaga como colaboradora en un atentado cometido en 1985 porque «en todo escenario de confrontación hay daños colaterales que salpican a la gente».

Legorburu aseguró en la declaración policial prestada tras su detención en 1986 que Arriaga participó en la colocación el 7 de mayo de 1985 en Pamplona de un artefacto explosivo en el coche del teniente de la Policía Nacional José María Izquierdo Jiménez. La explosión de la bomba provocó graves mutilaciones al agente.

El etarra, ya condenado por estos hechos, ha explicado éste miércoles en el juicio contra Arriaga –que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de prisión por un delito de asesinato frustrado– que la acusada no colaboraba con el comando Nafarroa, al que se atribuye la acción, y ha dicho que si mencionó su nombre, fue para «confundir a la Guardia Civil».

«Se implica a gente sabiendo que éticamente no es un comportamiento loable para que otra gente pueda marchar», ha añadido.

Tanto Legorburu como su compañera de comando en los ochenta, Mercedes Galdós, negaron ante el tribunal la participación de Arriaga en el atentado aunque reconocieron que ambos la conocían porque le propusieron entrar a formar parte de ETA. «Ella se negó rotundamente», ha especificado el miembro de la organización terrorista.

Por su parte, la acusada ha asegurado en respuesta a las preguntas efectuadas por su abogada Amaia Izco, que nunca ha colaborado con ETA ni con el comando Nafarroa y ha indicado que tras la detención de Legorburu y Galdós decidió huir a Francia porque los medios de comunicación la relacionaban con ellos.

Arriaga permaneció en territorio francés durante más de 25 años hasta su detención en 2008. Ha asegurado en la vista oral que en este tiempo no utilizó documentación falsa y trabajó de forma legal en distintos empleos. «Nunca he vivido clandestinamente y en estos años no he tenido relación con ETA», ha dicho.

El representante del Ministerio Público, Carlos Bautista, imputa a la procesada un delito de asesinato frustrado y solicita que, además de los 30 años de cárcel, se le obligue a indemnizar con 1,5 millones de euros al agente, que sufrió pérdida de audición y la amputación de un brazo y las dos piernas.

Tras localizar el coche del agente, Legorburu colocó en los bajos del vehículo un artefacto explosivo compuesto por 1,2 kilos de dinamita ‘goma 2’ que, al estallar, hirió gravemente al teniente, que tardó 450 días en curarse.

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