El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha exigido este miércoles la «dimisión inmediata» del síndic del PSPV en el hemiciclo, Angel Luna, después del auto dictado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Juan Montero en el que señala que Luna pudo cometer hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de encubrimiento en relación con la exhibición de un informe sobre el caso ‘Gürtel’ que estaba bajo secreto de sumario desde la tribunal de la Cámara.
En una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a los diputados José Marí Olano y Alicia de Miguel, ha denunciado asimismo que «alrededor de las posiciones» que han mantenido Luna y el PSPV «hay un montaje que llega incluso a estar urdido por instancias y aparatos del Estado».
«No queremos acusar concretamente a nadie, pero lo que está claro es que la actuación dolosa de Luna hace pensar que está en connivencia con aparatos del Estado que le han facilitado un documento que estaba bajo secreto de sumario, que él ha encubierto quién se lo ha hecho llegar», ha dicho Blasco, quien considera que, con esa actitud, Luna «está haciendo un flaco favor al funcionamiento de la justicia y al respeto por el sistema democrático».
El síndic ‘popular’ ha confiado en que la justicia «pueda esclarecer» esos hechos y ha defendido que «a Luna no le ha llegado ese documento que estaba bajo secreto de sumario por una paloma mensajera ni por casualidad», dado que «ese documento no estaba más que en aparatos del Estado de instancias judiciales o policiales».
«No queremos prejuzgar nada, pero es cierto que algunos comportamientos de aparatos del Estado, fiscales, Policía, están dejando mucho que desear porque están teniendo unas actuaciones más que preocupantes para un sistema democrático como el nuestro», ha denunciado Blasco.
En este sentido, ha aludido a «policías que acaban el procedimiento instado contra Luna y se van a comer con los fiscales» y a «fiscales que piden el archivo de la causa de Luna en cuestión de 24 horas y mantienen abiertas otras hacia cargos del PP con menos responsabilidad de la que ahora se le está exigiendo a Luna», entre otros «muchos ejemplos» existentes.
«OPINION POLITICA» SIN «JUICIO PARALELO»
Blasco ha recalcado que los ‘populares’ no pretenden «hacer ningún juicio que vaya más allá de la confianza en la justicia» y que reconocen a Luna su presunción de inocencia, por lo que evitarán «cualquier juicio paralelo» y no incurrirán «en todos los errores y posiciones antidemocráticas» mantenidas por los socialistas en otras cuestiones.
«Lo que estamos haciendo es una opinión política», consistente en que «por salud democrática y por exigencia de la dignidad de la Cámara, es absolutamente imprescindible que Luna presente con carácter irrevocable su propia dimisión», ha explicado.
Blasco ha reivindicado que «no puede ser que una persona que ha estado diciendo que alguien que estuviera imputado no debiera de figurar en las listas, que alguien que pudiera estar ahora mismo inmerso en un procedimiento pudiera tampoco estar en una actuación normal de la política, continúe a estas horas no solamente de portavoz, sino previsiblemente de número uno en las listas por Alicante».
En su opinión, la permanencia de Luna al frente de la portavocía implica «dejar en evidencia y en ridículo al propio secretario general del partido socialista, que ha venido pregonando respecto de otras formaciones políticas lo contrario».
«PENA SUPERIOR» A LA PEDIDA PARA CAMPS
Ha reprobado que Luna «se encuentra en un proceso que le va a llevar a un juicio» por encubrimiento en el que «tiene que responder de algo tan grave» que conlleva «una pena superior a la que él mismo ha sido capaz de presentarle al presidente de la Generalitat», Francisco Camps, –de tres años de prisión y ocho de inhabilitación por el ‘caso de los trajes’–, lo que supone una situación «no conocida en ningún Parlamento español», ha dicho.
En el auto conocido este miércoles, el instructor ha dado traslado de la causa al ministerio fiscal y acusación ‘popular’, ejercida por el PP, para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o práctica de nuevas diligencias.
Sobre esa cuestión, Marí Olano ha señalado que la «claridad y contundencia» del auto «hacen suponer que se abrirá juicio oral prácticamente con toda probabilidad».
En este punto, preguntado por la supuesta similitud entre esta situación y el proceso contra Camps, ha asegurado que «los procedimientos son distintos» dado que «en el procedimiento de jurado –Camps–, a la hora de abrir juicio oral el magistrado ya tiene en cuenta los escritos de defensa, y en el procedimiento abreviado –Luna– no, solo tiene en cuenta los escritos de acusación».
