Las principales asociaciones de jueces han destacado que el anteproyecto de Ley de Agilización Procesal, que el Gobierno presentará este viernes en el Consejo de Ministros, no contribuirá a reducir el atasco de asuntos pendientes registrado en los juzgados de primera instancia, según han manifestado sus portavoces a Europa Press.
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado este miércoles que el texto contempla la eliminación del recurso de apelación en los juicios civiles en los que el asunto de litigio no llega a los 6.000 euros o la subida de la cuantía para poder recurrir en casación al Tribunal Supremo en el orden civil y contencioso-administrativo, que pasará de 150.000 a 800.000 euros.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha valorado las aportaciones «necesarias, convenientes y positivas» del anteproyecto de ley aunque ha considerado que el texto es insuficiente porque «desatiende a los juzgados de instancia», que soportan «el mayor nivel de colapso».
La asociación ha exhortado a poner en marcha un «proyecto de modificación de leyes procesales muchísimo más ambicioso» y ha calificado este anteproyecto como «un remedio parcial». Eso sí, ha considerado «razonable» que la interposición de recursos de apelación se restrinja, recordando que ello no vulnera la legislación internacional que establece «el derecho de apelación en sentencias condenatorias penales».
La APM ha admitido que el Tribunal Supremo se encuentra «colapsado» y ha recordado que la elevación de la cuantía para recurrir en el orden civil y contencioso-administrativo es lógica de acuerdo a la «excepcionalidad» con la que debe acudirse a esta institución. En este punto, ha precisado que el alto tribunal resolverá asuntos de menor cuantía en los que se presente un «interés casacional» con el objetivo de fijar doctrina.
CUANTIA DE 6.000 «CONSIDERABLE» PARA FAMILIAS EN CRISIS
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, también ha apoyado la importancia de que el Supremo no se convierta en una «tercera instancia». En su opinión, la mejor manera de descargar de trabajo al alto tribunal es atribuyendo más competencias a los Tribunales Superiores de Justicia, en los que las Salas de lo Civil y Penal «apenas tienen competencias».
En términos generales, Ramírez ha indicado que el anteproyecto dispone de «muchas luces y sombras» y ha resaltado que la solución para resolver el atasco en la Administración de Justicia no pasa por redactar «leyes de carácter coyuntural», sino por acometer una reforma estructural del sistema, como puede suponer la previsible transformación de los tradicionales juzgados unipersonales en tribunales de instancia.
La asociación ha criticado «el recorte de garantías» que supone suprimir el recurso de apelación en los juicios civiles en los que se reclame una cantidad inferior a los 6.000 euros y ha subrayado que esta cuantía es «considerable» para muchas familias asfixiadas por la crisis.
Por su parte, el presidente del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, ha subrayado que la fijación de 6.000 euros para recurrir en apelación en la vía civil es «razonable». Sin embargo, ha rechazado la elevación a 800.000 euros para recurrir ante el Supremo porque «va en perjuicio de la gente con menos recursos económicos».
La asociación también ha advertido de que «el tapón» de asuntos judiciales está presente en los juzgados de primera instancia y ha propuesto aumentar el número de jueces para acabar con el colapso. «En la tramitación no hay atasco, sino en la resolución», ha concluido.
