El Abogado del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, presentó este jueves ante el Tribunal Supremo la demanda del Gobierno para impedir que Sortu esté en las elecciones y aseguró que su departamento �ha demostrado jurídicamente� que el nuevo partido �es una continuación de Batasuna� y es �utilizado tácticamente� por ETA para volver a las instituciones democráticas.
De Fuentes presentó sobre las 10.30 horas de estas mañana en el registro del Tribunal Supremo la demanda con la que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, solicita que se prohíba la inscripción de Sortu como partido político. Su departamento pide al Alto Tribunal que, de forma preliminar, comunique al Ministerio del Interior la presentación de la demanda para que se prorrogue la suspensión cautelar de Sortu en el Registro de Partidos.
El Abogado del Estado, que llegó al Supremo cargado con una caja de documentación y varios DVD, se mostró convencido de que el Alto Tribunal resolverá su demanda en el plazo de un mes, antes de que se inicie el proceso electoral. La Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar su demanda a principios de la próxima semana.
�Hemos llegado a la conclusión de que jurídicamente está demostrado que son sucesión de Batasuna, es Batasuna la que se presenta a las elecciones�, dijo De Fuentes a su salida de la sede del tribunal.
Explicó en este sentido que el rechazo de la violencia expresado en los estatutos de Sortu no sirve no �contraindicio� y no es suficiente para desvirtuar �el hecho de que siguen vinculados a Batasuna�. �Consideramos que ETA-Batasuna utiliza tácticamente Sortu como medio para estar en las elecciones y volver a las instituciones�, dijo.
La Abogacía del Estado ha llegado a esta conclusión tras analizar durante 20 días los informes elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre Sortu, un plazo en el que también han revisado la jurisprudencia sobre las marcas electorales de ETA y se han reunido con los ministerios de Justicia e Interior. El departamento recibió el último informe, elaborado por la Benemérita, ayer mismo.
Será un tribunal formado por 16 magistrados y encabezado por el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, el que resuelva las demandas de la Abogacía y de la Fiscalía, aunque su decisión podrá ser recurrida al Tribunal Constitucional.
El tribunal del Supremo, conocido como la Sala del 61, deberá primero admitir a trámite las demandas y dar traslado de las mismas a los promotores de Sortu para que puedan presentar alegaciones.
