El magistrado libra de cargos a los dos arquitectos imputados y al arquitecto, y pedirá que la causa contra Fiol se eleve al TSJIB
PALMA DE MALLORCA, 02 (OTR/PRESS)
El juez del caso Palma Arena ha impuesto una fianza de 1,6 millones de euros al ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, por su presunta responsabilidad en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para elaborar el anteproyecto de la ópera de Palma de Mallorca. La defensa de Matas, en cambio, ha alegado que las acusaciones son «infundios» basadas en «conjeturas». El magistrado ha retirado la imputación a dos de los acusados, mientras que el ex consejero de Educación del PP, Francesc Fiol, es aforado, por lo que su causa debe pasar al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Por su parte, Calatrava, que recibió 1,2 millones por su trabajo, no está imputado.
Jaume Matas deberá abonar una fianza de 1,6 millones de euros para hacer frente a los posibles perjuicios económicos que se deriven de la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros para la elaboración del anteproyecto de la ópera de Palma. El juez sigue así la petición del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach y la abogada de la Comunidad Autónoma, que pidieron esa cantidad que resulta de sumar los 1,2 millones de euros por los que fue contratado Calatrava, más un tercio que marca la ley. La acusación afirma que Matas habría incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
En un escrito de alegaciones, la defensa de Matas, ejercida por los letrados Rafael y Salvador Perera, ha negado que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y ha tachado de «infundios» las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además, estimaba la petición «no ajustada a hechos ni a derecho» y que «se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal» contra él.
En su declaración ante el juez el pasado día 22, Matas asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto valenciano para que llevara a cabo el anteproyecto de la ópera de Palma. El ex presidente balear defendió la legalidad de su contratación, que se efectuó de forma directa y sin concurso, a pesar de la elevada cifra que recibió.
El principal encausado del caso defendió así que su decisión fue «política» y «plenamente legítima», que después fue elevada al Consell de Govern de las Islas Baleares, órgano que justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo porque el arquitecto es una persona «muy cualificada técnica y artísticamente». Matas insistió en que la pretensión del Ejecutivo autonómico era contar únicamente con los servicios del prestigioso arquitecto e ingeniero.
OTROS TRES MILLONES DE FIANZA
Contra Matas ya pesa una fianza penal de tres millones de euros para evitar su ingreso en prisión, en el marco del caso Palma Arena, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción de este velódromo durante la pasada legislatura. También se indaga su supuesta conexión con el tren de vida llevado por Matas mientras era presidente y una financiación presuntamente irregular del PP.
Antes de que le fuera impuesta esta caución, Matas declaró a lo largo de tres días el pasado año dentro de esta causa, en la que se le imputan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
Acerca del ex consejero de Educación del PP, Francesc Fiol, el titular del juzgado de instrucción número 3, José Castro, ha pedido que se certifique que es diputado del Parlamento, para que una vez confirmado su aforamiento, el juez pueda elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que asuma la pieza del caso relativa a la contratación de Calatrava.
Castro ha decretado asimismo en su resolución el sobreseimiento de la pieza respecto al jefe de servicios de arquitectura del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Aleix Reinés, asistido por Gabriel Lladó, y la arquitecta de esta empresa Pilar Mesquida, defendida por Carlos Barceló. Ambos se encontraban imputados en este fleco, uno de los 25 en que se divide esta compleja causa.
Por su parte, Calatrava pudo justificar ante el juez que había relizado el trabajo que se le pidió. Así lo demostró el arquitecto e ingeniero en su comparecencia, en la que aportó numerosa documentación, así como bocetos y planos que debían servir para el anteproyecto. La acusación ha indicado que las irregularidades se habrían cometido únicamente en la tramitación del expediente a través del Ibisec, por lo que no han solicitado ninguna medida cautelar contra él, como tampoco ninguna fianza.
El anteproyecto de la ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, ya que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.
