Los cuatro presuntos etarras detenidos el martes en una operación de la Guardia Civil desarrollada en Vizcaya tenían información sobre ertzainas, empresarios, jueces, fiscales y personas que no se ha podido identificar, así como empresas relacionadas con la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV), cuarteles de la Guardia Civil y sedes judiciales.
Así consta en un auto dictado este sábado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska por el que envía a prisión a los presuntos etarras Iñigo Zapirain Romano, Beatriz Echevarria Caballero y Lorena López Díez, que formaban junto a Daniel Pastor Alonso el ‘comando Otazua’ de ETA, por los delitos de integración en organización terrorista, tenencia de armas y explosivos y falsificación.
En su declaración ante el juez Zapiarain ha reconocido, uno por uno, la participación del ‘comando’ en 14 atentados, entre ellos los que costaron la vida al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Eduardo Puelles, que fue asesinado con una bomba lapa adosada a su vehículo en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009, y al brigada del Ejército Luis Conde, que murió en septiembre de 2008 en Santoña (Cantabria) al estallar un vehículo cargado de explosivos.
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