El juez Baltasar Garzón volverá a declarar hoy ante el Tribunal Supremo en el marco de la causa en la que está imputado por haber ordenado grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del «caso Gürtel» y sus abogados.
Garzón comparecerá a las 10.00 horas ante el instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro. Esta será la segunda declaración de Garzón en la causa.
El juez, que en la actualidad trabaja como asesor en el Tribunal Penal Internacional de La Haya tras ser suspendido cautelarmente, solicitó de forma voluntaria volver a prestar declaración ante Barreiro.
Esta segunda comparecencia, prevista en principio para la pasada semana, fue finalmente retrasada hasta hoy por los compromisos de Garzón.
En su primera declaración, que tuvo lugar el 10 de mayo de 2010, Garzón defendió su inocencia y negó haber prevaricado o quebrantado la ley al ordenar grabar las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del �caso Gürtel� y sus abogados.
INDICIOS DE DELITO
El instructor Barreiro dictó un auto el pasado mes de noviembre en el que aseguraba haber encontrado indicios suficientes para poder llevar a juicio a Garzón por delitos de prevaricación, uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
La querella contra Garzón fue interpuesta por el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción del «caso Gürtel».
Esta es la segunda causa en la que Garzón está a las puertas de ser juzgado. El magistrado se encuentra a la espera de juicio por su investigación de los crímenes del franquismo, una causa en la que las acusaciones piden para él 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Además de por la investigación de los crímenes del franquismo y por la intervención de las conversaciones del «caso Gürtel», Garzón está encausado en el Supremo por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó unos cursos que el juez impartió en Nueva York.
