La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, la competente para aplicar la Ley de Partidos Políticos, se reunirá a las 10.00 horas de este martes para estudiar la demanda que la Fiscalía ha interpuesto este lunes contra la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior, han informado fuentes del alto tribunal.
En la sesión de este martes se resolverá, previsiblemente, la admisión de esta demanda, al igual que hizo el pasado jueves en relación con el escrito en el mismo sentido que había presentado la Abogacía del Estado. En dicha ocasión, la resolución del Supremo supuso la paralización de los trámites de inscripción del partido abertzale, por lo que ya no existe tanta prisa para tramitar la petición realizada por el Ministerio Público.
La Fiscalía General del Estado ha aportado en su demanda contra la inscripción de Sortu presentada este lunes ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo nueve indicios que conectan a ETA y Batasuna con la nueva formación. Esta demanda será seguramente acumulada a la entregada por la Abogacía.
CALENDARIO
El Tribunal Supremo pretende agilizar al máximo la resolución de este asunto «ante la exigencia de cohonestar (compatibilizar) el procedimiento incidental con la convocatoria de elecciones» municipales y forales prevista para el próximo 28 de marzo.
Para ello, el alto tribunal ha habilitado los sábados y los domingos de tres fines de semana del mes de marzo, lo que les permitirá reunirse si es necesario, entre las 8.00 y las 15.00 horas de los fines de semana del 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de marzo, según se señala una providencia dictada el pasado viernes por el presidente de este tribunal, Carlos Dívar.
Ya en su resolución del jueves, relativa a la demanda de los Servicios Jurídicos del Estado, se señalaba en siete días el plazo dado a Sortu para personarse y presentar alegaciones a las demandas que se tramitarán contra ella. Por otro lado, se dieron cinco días para alegar tanto a la Fiscalía como a Batasuna, a ésta última a los efectos de considerarla parte del procedimiento en el que la Abogacía ha presentado incidente de ejecución.
Esta Sala, competente para dirimir la cuestión según establece la Ley de Partidos Políticos, está integrada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, los presidentes de la Sala de lo Civil (Juan Antonio Xiol Ríos), de lo Penal (Juan Saavedra Ruiz), Contencioso-Administrativo (José Manuel Sieira Míguez), Social (Gonzalo Moliner Tamborero) y Militar (Angel Calderón Cerezo).
Como magistrados más antiguos están Jesús Corbal (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez(Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), Aurelio Desdentado Bonete (Social) y José Luís Calvo Cabello (Militar), han informado este jueves fuentes del alto tribunal.
Los más modernos, todos nuevos a la hora de deliberar sobre la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, son Rafael Gimeno-Bayón Cobos (Civil), Alberto Jorge Barreiro (Penal), Carlos Lesmes Serrano (Contencioso) Manuel Ramón Alarcón Caracuel (Social) y Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).
PETICION FISCAL
En su escrito, de 168 páginas, la Fiscalía aporta nueve indicios que relacionan a ETA o Batasuna con Sortu y solicita al alto tribunal que impida que Sortu pueda inscribirse en el Registro de Partidos Políticos y que no desarrolle actividad política de ningún tipo.
Según se explica en un nota de prensa, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que Sortu ha sido diseñado, creado y aprobado por Batasuna con la única finalidad de mantener su presencia en la vida pública y participar en las elecciones.
Igualmente, en el escrito se analiza la actitud de Sortu en relación con los actos terroristas de ETA y más en concreto su posición respecto de las últimas actuaciones policiales y de kale borroka.
Uno de las principales pruebas contra Sortu detectadas por la Fiscalía es la existencia de conexiones con ETA y Batasuna en el caso de tres de las personas que comparecieron en los actos públicos de Sortu, según reflejan los informes policiales.
