El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ex abogado del juez Baltasar Garzón y uno de los negociadores del Gobierno con ETA durante la tregua, José Manuel Gómez Benítez, ha denunciado la escasa formación de los funcionarios interinos que trabajan en la Oficina Judicial y que no cuentan con «una formación mínima porque vienen de la bolsa general del INEM». Así, ha afirmado que ex «cajeras de supermercado» y «empleadas de comercio» trabajan en la Oficina Judicial «sin saber qué es un auto y sin saber absolutamente nada» sobre el sistema judicial.
«Ninguna comunidad autónoma imparte cursos de formación a esta cajera de supermercado, empleada de un comercio, etc. que se incorpora directamente a una Oficina Judicial sin saber lo que es un auto ni una sentencia ni como se tramita ni que es un proceso, ni saber absolutamente nada», ha denunciado en el Congreso de los Diputados.
Antes, el vocal ha advertido sobre el «sistema muy flexible de cumplimiento en el horario de audiencia pública» por parte de los jueces y magistrados y ha subrayado que el CGPJ está intentando introducir «correcciones» que permitan regular «con mayor disciplina» el horario y la forma de trabajar de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Además, ha puesto de relieve el déficit en la «bolsa de opositores» y el nivel de litigiosidad existente en los juzgados españoles y contra el que el Gobierno ha dirigido un «esfuerzo espectacular» en atajarlo.
VOCES DE ALARMA DE LA CIUDADANIA
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apostado por dotar al sistema de Justicia de una mayor «eficacia y eficiencia» mientras que se ha hecho eco de las «voces de alarma» de la ciudadanía sobre el mal funcionamiento de la Administración que han sido reflejadas en el último barómetro del CIS.
En la jornada parlamentaria ‘La transformación de la Justicia’ organizada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Campo ha hecho alusión a los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero que indican que el 48 por ciento de la población cree que la Justicia funciona mal o muy mal y que el 77 por ciento opina que se beneficia más a los ricos que a los pobres. «La ciudadanía nos da voces de alarma de que esto no va bien», ha apuntado.
Ante esta circunstancia, el secretario de Estado ha apostado por la colegiación de esfuerzos y la definición de un nuevo modelo en el que prime una «Justicia más eficaz y eficiente y que sea equitativo». «No podemos decir que el recurso al incrementalismo de medios nos lleve al éxito», ha añadido.
Tanto el ‘número dos’ de Justicia como la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, han apostado por la Justicia como «elemento catalizador» de la economía. Durante la mesa redonda titulada ‘Eficacia y Eficiencia en Justicia’, Bravo ha lanzado un mensaje a los gobernantes autonómicos para que inviertan en esta política.
A juicio de la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, las cifras del CIS recogen «ideas estereotipadas» pero también «muchas realidades» como es la necesidad de dotar de una mayor agilización de los procedimientos.
Bravo ha hecho alusión al aumento de la litigiosidad registro en los últimos años y ha afirmado que «ha sido tanta el ansia» a la hora de acudir a los tribunales que es necesario dejar de invertir en «modelos anacrónicos» que «desperdician los recursos y perpetúan los problemas».
LEYES DE JUSTICIA PUBLICADAS ANTES DEL VERANO EN EL BOE
Por su parte, la vocal del CGPJ Margarita Robles ha enfatizado que la Justicia debe ser concebida como una política de Estado y ha precisado que el órgano de gobierno de los jueces trabajará «sin matices y sin enfrentamientos en función de la procedencia y el nombramiento» al tiempo que dialogará con todas las fuerzas políticas.
Robles ha hecho un llamamiento al Parlamento, especialmente a la Comisión de Justicia y a su portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, para que se tramiten «lo más rápido posible» el proyecto de ley de Uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, el proyecto de Medidas de Agilización Procesal y el anteproyecto de creación de tribunales de instancia. En suma, ha reclamado que estas tres leyes estén publicadas «antes del verano» en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
