La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este jueves una vista en la que se analizará el recurso de apelación que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado por el chivatazo a ETA del bar ‘Faisán’, interpuso contra el auto en el que el juez Pablo Ruz acordó reactivar la investigación, informaron a Europa Press fuentes personadas en la causa.
En la vista, que se celebrará a partir de las 10.30 horas, la defensa de García Hidalgo expondrá los argumentos jurídicos en los que sustenta su recurso, tras lo que cual intervendrán el representante de la Fiscalía y las acusaciones populares, que ejercen Dignidad y Justicia (DyJ), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular (PP).
García Hidalgo, que está imputado en la causa junto al jefe superior de Policía en el País Vasco y un inspector de Vitoria, recurrió el auto dictado el 24 de enero pasado por el juez Pablo Ruz en el que rechazaba la petición del fiscal de solicitar el archivo de la causa por falta de autor conocido y transformaba en sumario las diligencias previas que estaban abiertas desde 2006.
De igual modo, el magistrado solicitó nuevas actuaciones, entre ellas un nuevo informe al equipo de investigación, dirigido por el comisario Carlos G., en el que le pedía detalles sobre los cortes que presentaba el vídeo que los agentes que investigaban el aparato de extorsión de ETA grabaron el 4 de mayo de 2006 a las puertas del bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa).
En el auto recurrido el instructor también solicitaba al jefe superior de Policía en el País Vasco y al inspector que identificaran al confidente etarra que fue citado por estos para explicar el tráfico de llamadas que se produjo en torno al ‘Faisán’.
OTROS RECURSOS
Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal tiene pendiente resolver varios recursos sobre el chivatazo, entre ellos uno del jefe superior de Policía del País Vasco y otro de las acusaciones populares para que comparezca en sede judicial el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que habló por teléfono con García Hidalgo antes de que se produjera el chivatazo.
Los tres imputados se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista y de tres años por revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público.
