La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha emitido un auto en el que detecta más «intrusos» que los registrados por la Junta de Andalucía en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las empresas Saldauto y Surcolor, al tiempo que critica que la documentación remitida por la Administración autonómica en unión de la denuncia interpuesta es «a todas luces incompleta e insuficiente para que se pueda deducir de la misma las irregularidades enumeradas».
En un auto emitido el pasado día 11 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya pone de manifiesto que, «de la documentación reclamada, tan sólo se ha recibido la unida a la denuncia de la Junta», tras lo que solicita a la Administración autonómica «que explique por qué, en relación a la empresa Saldauto, se señala a tres intrusos, cuando en realidad, de la documentación recibida y según consta en el anexo de la póliza número 3.603 de Apra Leven, salvo que exista otra documentación que demuestre lo contrario, el número de intrusos indiciariamente se elevaría a ocho».
De igual modo, la juez instructora insta a la Junta de Andalucía a que «explique por qué en Surcolor se señala a dos falsos trabajadores, cuando en realidad, una vez comprobada la lista de trabajadores afectados por el expediente, aparece que son once, salvo como en el caso anterior se complete la documentación».
Respecto a la empresa Hitemasa, exige a la Administración que «explique por qué únicamente señala a Estrella Blanco, la cual es beneficiaria de una póliza particular suscrita para ella presuntamente sin relación con el ERE de dicha empresa, cuando en virtud del atestado policial aportado se relata la inclusión en el ERE de Hitemasa, a pesar de no haber trabajado en la misma», del ex gobernador civil de Cádiz César Jesús Braña –ya fallecido y cuyas prestaciones han sido percibidas por sus herederos legales–, del ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, de su esposa Patrocinio Sierra, de María de las Nieves Ruiz –esposa del dirigente de UGT de Jaén Rafael Mesa– y de Josefa Martínez, esposa del dirigente de UGT Luis García de los Reyes.
Por último, la juez Mercedes Alaya también insta a la Junta a que explique «por qué incluye como intruso en Germans a Luis Vera Calzado, cuando el mismo consta como trabajador de dicha empresa desde el 1 de junio de 1979, teniendo en cuenta que, para la misma, se realizó una póliza colectiva junto con Bonpunt, Auxiliares de Bonpunt, Cydeplast y Ros Fotocolor», tras lo que señala que «procede reclamar de la Policía que aporte los expedientes oportunos».
COMPROMISOS DE PAGO DE GUERRERO
Por otro lado, pone de manifiesto que «del examen más detenido» de la documentación obrante en las actuaciones «destaca otro dato que contrasta», como es el hecho de que, en abril de 2008 y en Bonpunt, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, «después de la póliza conjunta para varias empresas en las que se comprometía al pago de casi diez millones de euros, se compromete al pago de 1.981.000 euros, y en febrero de 2009 la misma cantidad para una póliza de 18 trabajadores –incluidos en la lista del ERE–, mientras que en Cydeplast, en abril de 2008, se compromete al pago de 292.548 euros para 34 asegurados, o por ejemplo en Springer Arteferro compromete la suma de 2.015.247 euros, más 796.978 euros posteriormente, para un colectivo de 12 trabajadores».
Por ello, la juez requiere a la Policía para que informe «sobre las razones que pueden motivar la diferencia económica en tales prestaciones en relación al número de trabajadores beneficiarios», tras todo lo cual acuerda también que la Junta remita el organigrama de la Consejería de Empleo desde el año 1999 hasta la actualidad, «debiendo indicar los nombres de los titulares de la misma», y de la Viceconsejería, así como de todas las direcciones generales, asesores directos o indirectos, agencias e institutos dependientes de la Consejería y delegaciones provinciales.
Asimismo, pide el organigrama de la Consejería de Economía y Hacienda desde el año 1999 hasta la actualidad, señalando que en el mismo «deberá incluirse con detalle el organigrama de la Intervención General de la Junta»; de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en la misma fecha, y de Presidencia también desde 1999 hasta la actualidad. Además, exige a la Junta que informe «sobre la dependencia, jerárquica o por delegación, de las referidas consejerías de las vicepresidencias del Gobierno, así como el nombre de los titulares de éstas, fecha de toma de posesión y cese y, por último, la composición del Consejo de Gobierno de la Junta en las fechas indicadas». De igual modo, pide que se informe sobre el nombre de los titulares del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en el mismo periodo.
UN SOLO PROCESO PARA TODOS LOS ERE
En último lugar, la juez Alaya explica, en relación a los ERE de Mercasevilla, que de las diligencias practicadas «se deduce la identidad de los hechos investigados en ambas causas –los ERE de Mercasevilla y los de la Junta–, es decir, la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectiva y la inclusión en dichas pólizas de personas que nunca habían trabajado en las empresas, con la intervención de éstas y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral», lo que «deberá conocerse en un solo proceso».
En este sentido, y dentro del único proceso, acuerda formar piezas separadas por cada una de las empresas investigadas y en las que «se han detectado irregularidades según la denuncia de la Junta».
