El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha explicado que letrados de la Comunidad autónoma están analizando toda la documentación de las investigaciones policiales de la ‘Operación Minas’, una vez que el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha remitido un fax a las 8.19 horas de este jueves al Departamento en el que le comunica que ha sido admitido como acusación particular.
La ‘Operación Minas’ investiga a seis funcionarios del área de Minas del citado Departamento del Ejecutivo aragonés por su presunta participación en delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas y falsedad documental. Como consecuencia de ello, el consejero ha cesado al director del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, Francisco Javier Hualde.
El consejero Aliaga ha subrayado, durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, que él no conoce el contenido de la investigación policial ni judicial, que se declaró secreta cuando se inició, aunque ha incidido en que el Departamento ha colaborado en todo momento facilitando los documentos que se le han solicitado.
Según ha concretado, se han dado explicaciones técnicas de la legislación minera o información sobre autorizaciones o tramitación de determinados expedientes de empresas. «Hemos estado colaborando durante estos dos años y cinco meses con total profesionalidad y secreto, sin conocer el contenido de la investigación», ha remarcado.
El consejero ha expuesto de forma cronológica lo ocurrido, desde que en mayo de 2006 un ingeniero que trabajaba en una empresa privada advirtiera de supuestas irregularidades en el área de Minas, que supuso suspender de empleo y sueldo en agosto de 2007 durante seis meses a un funcionario de esa área «por abuso de autoridad».
No obstante, Aliaga ha reconocido que el expediente administrativo abierto a ese funcionario no está concluido porque éste lo ha recurrido ante diferentes instancias y actualmente está en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA).
Igualmente, ha explicado que además de ese expediente encargó un informe «lo más detallado posible» sobre actuaciones de ese área, que se derivó en que el Departamento remitió en octubre de 2008 a la Fiscalía del TSJA la información obtenida. A partir de ahí, «la policía ha estado investigando con nuestra colaboración».
NO SER JUECES
Aliaga ha abogado por «no convertir esta Cámara en un tribunal», sino que «el juzgado dirá al final las consecuencias de este proceso», para señalar que «hasta que el juez no me diga que hay funcionarios imputados no puedo tomar ninguna medida».
El responsable del Departamento de Industria también ha explicado otras actuaciones, como una «reestructuración administrativa» en 2008, de forma que las concesiones y autorizaciones pasaron de los servicios provinciales a la dirección general de Energía y Minas y ha habido «movimiento de plazas administrativas» de algunos funcionarios.
Asimismo, desde entonces, se publican en el Boletín Oficial de Aragón todas las autorizaciones que se otorgan y «se ha hecho una ordenación» en los expedientes mal tramitados, además de «caducar concesiones», algunas de las cuales «no las han recurrido», entre otras cosas.
Aliaga ha afirmado que «creo que he hecho lo que debía» con «la cautela suficiente» y «los mecanismos de control del servicio de minas están completamente en marcha», servicio que «funciona con normalidad absoluta». Igualmente, ha indicado que los grupos parlamentarios que le han criticado no le han pedido ninguna comparecencia hasta ahora sobre el área de minas.
QUE HA OCURRIDO DESDE 2008
La comparecencia de Aliaga ha sido solicitada tanto por el Partido Popular (PP) como a petición propia del consejero. El diputado del PP, José Ignacio Senao, se ha preguntado qué ha ocurrido desde que en octubre de 2008 el Departamento puso en conocimiento de la Fiscalía la situación.
Además, ha querido saber si el consejero conocía quienes eran los imputados y cuáles han sido las medidas tomadas por el Departamento «para defender los intereses de todos los aragoneses» y señalar que «nos parece raro» que esto se dé a conocer ahora, al final de una legislatura y «en los albores de una campaña electoral».
El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, ha señalado que «cuatro años de una trama corrupta me parece una escena inquietante» y «ahora parece que se va a empezar a saber qué estaba ocurriendo allí dentro».
Asimismo, ha mostrado su «sorpresa» por los plazos ya que entre la primera denuncia de 2006 y la sanción del funcionario pasaron «15 meses» y 29 meses desde que el Departamento acudió a la Fiscalía hasta ahora, «plazos laxos que no terminan de convencer».
El diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, ha manifestado que la actuación del Departamento «ha sido la que procede y la que corresponde» y es el poder judicial el que «se ha retrasado tanto» y la policía la que ha dado a conocer la ‘Operación Minas’ y, desde IU, «no nos vamos a prestar a jugar a las adivinanzas a presunciones y a rumores».
El diputado del Partido Socialista (PSOE), José Ramón Ibáñez, uno de los grupos que apoya al Gobierno, ha agradecido la información y explicaciones «sobre un problema que afecta a funcionarios de la Comunidad autónoma, pero no al Gobierno de Aragón» y en el que se ha actuado «con la cautela necesaria», estando el asunto «en manos de los jueces, que es donde tienen que estar» porque «no queremos ser jueces sino políticos».
El diputado del Partido Aragonés (PAR), Javier Callau, el otro grupo que sostiene al Gobierno, ha felicitado a Aliaga por cómo ha actuado, al tiempo que ha argumentado que «chorizos en esta vida ha habido siempre, los hay y los habrá», aunque «ojalá no los hubiera», y señalar que «en política no vale todo, ni aunque estemos a dos meses de las elecciones».
