La Fiscalía Anticorrupción y la abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan ocho años de prisión y 23 años de inhabilitación para el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, en el marco de la pieza del caso Palma Arena que investiga la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany, quien habría resultado beneficiado con más de 480.000 euros procedentes de las arcas públicas.
Se trata de la primera vez que el principal imputado de la causa se sentará en el banquillo de los acusados, después de que el juez haya dictado la apertura de juicio oral por estos hechos. El Ministerio Público y la acusación particular han presentado esta mañana su escrito de calificación ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, después de que la pasada semana el magistrado dictase un auto para poner fin a la instrucción de la pieza número 2 y transformar las diligencias previas a procedimiento abreviado.
En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía pide además cinco años y medio de cárcel para Alemany; cuatro y medio para el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero; dos años para el ex director general de Comunicación, Joan Martorell; un año y medio para la ex secretaria general técnica de la Consejería de Relaciones Institucionales, Dulce Linares, y un año y tres meses para la ex jefa de gabinete de Matas, Maria Umbert.
En concreto, al ex presidente del Gobierno balera la acusación pública le atribuye, además de los presuntos delitos de malversación y fraude, los de falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias. En cuanto a Alemany, le acusa de malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación, falsedad en documento mercantil por particular y fraude.
El Ministerio Fiscal relata cómo los acusados se concertaron para beneficiar de forma arbitraria al articulista con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros, con «desprecio total de las normas administrativas», evitando la posible concurrencia de otras empresas en la obtención de contratos, presentando documentación mercantil y oficial «inveraz» y anticipando información a Alemany, todo ello para entregar estos fondos en «beneficio exclusivo» de sus sociedades.
Según los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau, y la abogada de la Comunidad Autónoma María Angeles Berrocal, Alemany acudió a Matas para solicitar una forma de retribuirle los servicios que le venía prestando desde antes de que Matas fuese presidente -elaboración de discursos e intervenciones públicas-, una conducta que mantuvo durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los mismos con la crítica periodística «favorable» a través de los medios en los que Alemany colaboraba.
CONTRATACION ENCUBIERTA DE ALEMANY
La intención del periodista, según las acusaciones, era no aparecer públicamente como autor de los discursos y percibir subvenciones públicas para sus distintas empresas, con el «pleno conocimiento» por parte de Matas de esta contratación encubierta que generaba además la creación de «un clima de opinión favorable al presidente» y permitía «ensalzar la actividad política de Matas».
Para ello, Matas se reunió con el director de Nimbus, que se había encargado de realizar parte de la campaña electoral del PP en 2003, para anticiparle que iba a ser convocado un concurso cuyo único objeto era pagar a Alemany, y le propuso que se presentase a la convocatoria. Romero accedió a actuar como «tapadera» ante las expectativas de que percibiría un 5 por ciento en concepto de comisión y de obtener mayor contratación pública a lo largo de la legislatura, tal y como sucedió.
Una vez alcanzado este acuerdo, los demás acusados, Umbert, Martorell y Linares entraron en escena, según los escritos de acusación, para adornar la contratación con las formalidades legales necesarias y así, el 3 de noviembre de 2003, rubricarse el contrato entre Nimbus y la Consejería de Relaciones Institucionales -al frente de la cual estaba Rosa Estaràs- por un importe de 110.200 euros de 2003 a 2005, a los que se sumaron 87.243 euros como prórroga ese último año.
11.500 EUROS POR UN TRABAJO INEXISTENTE
De forma paralela, las acusaciones hacen referencia al contrato menor por 11.550 euros que Martorell cursó en favor de Alemany para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un importe que habría sido adjudicado a la empresa Consultores de Información de Baleares, pese a no existir constancia de que estos trabajos fuesen realizados.
Mientras tanto, otra de las acusaciones vertidas se refiere a la subvención de 449.734 euros concedida a la Agencia Balear de Noticias (ABN), creada expresamente por Alemany para poder optar a esta cantidad y camuflar de este modo la verdadera intención de la subvención: poner en marcha un periódico digital -Libertad Balear- afín a la actuación del Gobierno del PP, motivo por el cual Matas accedió a esta solicitud. Alemany situó a uno de sus sobrinos como administrador único de ABN presuntamente para ocultar su participación y poder solicitar la subvención.
UN MEDIO PARA EL «ENSALZAMIENTO PERSONAL» DE MATAS
«Lo que se ocultaba no era más que utilizar fondos públicos para un fin puramente particular, la creación y desarrollo de una actividad mercantil que beneficie económicamente a Alemany a la vez que le suponga a Matas contar con un medio periodístico para su ensalzamiento personal», prosigue el escrito de los fiscales. Así las cosas y mediante la presentación de facturas cuyo concepto era inveraz, consiguió Alemany que desde la Consejería le abonasen la anterior cantidad, justificando para ello la presunta actividad desplegada por ABN y sus colaboradores.
Como consecuencia de las cantidades supuestamente malversada en favor del periodista y sus empresas, las acusaciones reclaman que tanto Matas como Alemany y Martorell hagan frente de forma conjunta al pago de 483.183 euros en favor del Gobierno. Asimismo, la Fiscalía pide que la ex jefa de gabinete de Matas, Maria Umbert, abone 2.000 euros al Gobierno, mientras que solicite que el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, pague 197.443 euros y la ex secretaria técnica de Vicepresidencia, Dulce Linares, deposite 9.183 euros.
Por otro lado, la acusación pública solicita que la empresa de Alemany Consultores de Información de Baleares pague 210.943 euros en concepto de responsabilidad civil, la Agencia Balear de Noticias 272.243 euros y Nimbus 197.443 euros.
Esta es sólo la primera de las 25 piezas en que está dividido el caso Palma Arena que finaliza su instrucción y va a juicio. A nivel global, esta extensa causa investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) así como su supuesta vinculación con el elevado tren de vida llevado por Matas cuando era máximo mandatario de Baleares. También se indaga la conexión de este desfase con una financiación irregular del PP.
