La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, en el marco de la pieza del caso Palma Arena que investiga la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany, con el objetivo aparente de que fuese su asesor externo.
Esta será la primera vez que el principal imputado de la causa se sentará en el banquillo de los acusados, después de que el juez haya dictado la apertura de juicio oral por estos hechos.
El Ministerio Público ha presentado esta mañana su escrito de calificación ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, después de que la pasada semana el magistrado dictase un auto para poner fin a la instrucción de la pieza número 2 y transformar las diligencias previas a procedimiento abreviado.
En su resolución, el magistrado señalaba que fue el propio Matas el impulsor de la contratación de Alemany y quien propuso la adjudicación de este contrato a la agencia de comunicación Nimbus, a fin de simular la contratación directa del periodista por un total de 110.200 euros entre los años 2003 y 2005.
Unos hechos por los que el juez decretaba que continuase el proceso penal no sólo contra Matas y Alemany sino también contra el entonces director general de Comunicación del Gobierno, Joan Martorell, el administrador de Nimbus, Miquel Romero, la ex directora del gabinete de Matas, Maria Umbert, y la ex secretaria general técnica de la Conselleria de Relaciones Institucionales, Dulce Linares, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración.
Así, a lo largo de 14 páginas y mediante un minucioso relato de los hechos, el juez explica cómo Matas, en agosto de 2003, convocó en su despacho del Consolat a Romero, quien ya había sido gestor de la campaña electoral del PP ese año, para proponerle que participase en un concurso para la adjudicación de un ‘contrato de consultoría’ pese a que, tal y como aseveró en su día el responsable de Nimbus, Matas le instó a «ceder el contrato a Antonio Alemany» como condición para que su empresa resultase adjudicataria -con un beneficio del 5 por ciento del precio-.
A partir de ahí, «se hacía necesario adornar la contratación con todas las posibles formalidades legales», según el magistrado, quien de forma paralela hacía referencia a los 272.243 euros concedidos por el Gobierno balear aparentemente para la creación de la Agencia Balear de Noticias (ABN), perteneciente a Alemany, pese a que en realidad habrían sido invertidos en la creación de un digital proclive a la acción del Gobierno balear del PP -Libertad Balear-.
Finalmente, la resolución mencionaba el contrato menor por 11.550 euros que Martorell cursó para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un importe que habría sido adjudicado a la empresa de Alemany Consultores de Información de Baleares, pese a «no existir la menor constancia de que el objeto del contrato se haya realizado, igual que se ignora en qué medios de la prensa deportiva nacional».
Un contrato sobre el que debía ser interrogado Matas esta semana al considerar la Fiscalía que el ex presidente no había sido inquirido por esta cuestión y ante la posibilidad de que Matas pudiera alegar indefensión. Finalmente, el imputado pidió no comparecer al apuntar que «por extensión» ya había declarado sobre este aspecto cuando ya fue hace un año interrogado por la contratación de Alemany.
