Un juzgado imputa a la Junta de Gobierno de Orihuela (Alicante) por malversación de caudales públicos y prevaricación

El juzgado de instrucción número 1 de Orihuela (Alicante) ha imputado a los miembros de la junta de gobierno local oriolana, entre los que se encuentra la alcaldesa de la ciudad, Mónica Lorente, por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, en una causa que investiga la adjudicación de las obras de una plaza oriolana.

El portavoz del grupo municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela, Moserrate Guillen, ha anunciado, este viernes en rueda de prensa, la imputación de la Junta de Gobierno local, a raíz de una denuncia presentada por su partido, relacionada con estos hechos.

Así, Guillen ha indicado que el juzgado ha aceptado la petición del fiscal de imputar a la junta de gobierno por estos hechos, denunciados por Los Verdes, quienes sostienen en su querella que en 2008 se inauguró una plaza cuyas obras fueron adjudicadas tres semanas después del acto inaugural.

Según Los Verdes, los concejales imputados son David Costa; Manuel Abadía; Antonio Rodríguez Barberá; Antonio Rodríguez Murcia; Araceli Vilella; Gines Sánchez; Antonio Lidón, así como la propia alcaldesa, Mónica Lorente, todos ellos miembros de la junta de gobierno local del Ayuntamiento oriolano.

Guillen ha destacado que el juzgado de instrucción número 1 de Orihuela ha imputado a los ediles un delito de malversación de caudales públicos, y otro de prevaricación, mientras que Mónica Lorente estaría imputada por estos dos mismos delitos, y por otro de falsedad en documento público.

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA

Por su parte, el concejal de Contratación y Recursos Humanos, David Costa, ha señalado, en un comunicado, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento entiende que se han cumplido «todos los aspectos fundamentales y básicos de la normativa vigente en materia de contratación» en este asunto y que «se han garantizado los principios básicos de transparencia y concurrencia previstos para el procedimiento de contrataciones».

Así, Costa ha expresado «su respeto por la decisión tomada por el juzgado, a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con dicha resolución», y ha manifestado que ya está recurrida ante la Audiencia Provincial, con toda la información disponible en el Ayuntamiento.

Costa ha asegurado que «en ningún momento se han malversado fondos, como así queda acreditado en el expediente de la obra denunciada», donde se refleja que «ya en diciembre de 2007, un técnico de la Concejalía de Infraestructuras suscribe una memoria valorada sobra la pedanía de El Escorratel, donde se describe, justifica y valora las obras necesarias para la referida plaza».

«El 28 de diciembre del mismo año, por intervención del Ayuntamiento, se procede a la utilización del gasto para la realización de la obra en cuestión, y el mismo día, la junta de gobierno aprueba la memoria valorada relativa a dicha obra», ha continuado el edil.

En este sentido, Costa ha señalado que el 16 de abril de 2008, el concejal facultado realiza la invitación a tres empresas, y el 8 de mayo, a la vista de los presupuestos aportados por dichas empresas, «se justifica en el mencionado expediente que el técnico de Administración General dependiente del departamento de contratación, junto con el concejal delegado, proponen la adjudicación de la obra mencionada, avalada tanto por los técnicos de contratación como del área de Infraestructuras de Pedanías».

«Por lo tanto, desde del grupo de gobierno, se entiende que se han cumplido todos los aspectos fundamentales y básicos de la normativa vigente en materia de contratación, garantizando los principios básicos de transparencia y concurrencia previstos para el procedimiento de contrataciones», ha concluido Costa.

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