La APM defiende que las actas de ETA ponen de manifiesto «la posición independiente» de la Justicia

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha defendido que las actas de ETA sobre las negociaciones que la banda terrorista mantuvo con el Gobierno en junio de 2006 ponen de manifiesto «la posición independiente» que mantuvo la Justicia en relación con este proceso.

Llarena ha realizado estas manifestaciones en relación con los documentos publicados este lunes por el diario ‘El Mundo’ que demostrarían que el Gobierno intentó frenar la operación contra el aparato de extorsión de ETA que se desarrolló en el bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa), en el que se produjo un chivatazo policial el 4 de mayo de 2006, para facilitar el proceso de diálogo.

El representante de la APM, mayoritaria en la carrera profesional, ha señalado a Europa Press que las actas ponen «en evidencia» que el Poder Judicial es «absolutamente independiente y funciona al margen de las influencias políticas que muchas veces se le atribuyen».

De igual modo, ha apuntado que si se produjo un «acto de colaboración» con el entramado de extorsión de ETA, éste saldrá a la luz en la investigación judicial que está llevando a cabo el juez Pablo Ruz, sin perjuicio de «las explicaciones políticas que puedan ser reclamadas por la ciudadanía». En todo caso, ha añadido que las actas fueron suscritas por una organización terrorista, «tachada de credibilidad en sí misma».

DOCUMENTO «SIN CREDITO»

En esta misma idea ha abundado el portavoz de la asociación Francisco de Victoria (FdV), Marcelino Sexmero, quien ha asegurado que al tratarse de un documento de la banda terrorista ETA no puede tener «ningún tipo de credibilidad». También ha señalado que sólo pueden tener un cierto crédito cuando sean textos que afecten a los propios terroristas y que puedan servir a la Policía para realizar las «investigaciones oportunas» contra el terrorismo.

«No es un acta oficial firmada por el Gobierno, sino de la propia organización. No se puede dar credibilidad a ella, sobre todo cuando acusa a estamentos democráticos», ha explicado Sexmero a Europa Press para recordar que la negociación «en sí misma» no es un acto «criminal» e insistir en que dicho documento no merece «ningún tipo de crédito».

Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Javier Barona, ha señalado a Europa Press que el acta incautada al ex jefe político de ETA Francisco Javiér López Peña, ‘Thierry’, tras su detención en 2008, «no puede ser valorada en términos judiciales» y que el hecho de que se cambiara al fiscal jefe de la Audiencia Nacional no tiene «ninguna gravedad».

Desde Jueces para la Democracia (JpD) tampoco se ha querido entrar a valorar el documento por proceder de la organización terrorista y no estar «verificado» por el Gobierno. Asimismo, la asociación ha destacado que «no tiene que haber ningún vínculo» entre ETA y el Gobierno por el hecho de que se hubiera cambiado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

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Autor

Irene Perezagua

Ejecutiva de cuentas en Interprofit. Fue redactora de Periodista Digital entre 2011 y 2013

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