El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contestó al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el chivatazo a ETA del �caso Faisán�, que no tiene en su poder actas o documentos que reflejen el contenido de las reuniones mantenidas entre el Ejecutivo y representantes de la banda terrorista durante la última tregua.
El magistrado decidió preguntar al Gobierno �a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de la Presidencia- si conserva �acta o resumen alguno� de la reunión mantenida �entre personas designadas en representación del Gobierno español y personas designadas en representación de ETA�, el 22 de junio de 2006.
Esta reunión tuvo lugar dos días después de la operación contra el aparato de extorsión de ETA, en la que fue detenido, entre otros supuestos etarras, Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), presunto enlace en el cobro del �impuesto revolucionario� y la persona a la que le fue entregado el teléfono móvil con el que se produjo el chivatazo, que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006.
El Gobierno contestó al juez que no conserva ningún documento que refleje el contenido de la citada reunión, según informaron fuentes de la investigación. El magistrado quería obtener la versión del Ejecutivo para poder comprobar la veracidad de las actas de la reunión que le fueron incautadas al ex jefe de ETA Francisco Javier López Peña, alias �Thierry�, tras su detención en Burdeos (Francia) el 20 de mayo de 2008.
Según estas actas, que las fuentes de la investigación han calificado de �resúmenes�, en la reunión los terroristas hicieron varias �recriminaciones� a los representantes del Gobierno �relativas a la práctica de detenciones por los responsables policiales y a determinados aspectos de la investigación judicial en curso�, según consta en el auto dictado ayer por Ruz con el que levantó el secreto que pesaba sobre esta parte de la investigación.
NIEGAN INSTRUCCIONES
Las fuentes consultadas señalaron además que los tres representantes del Gobierno en las reuniones con ETA �cuya identidad ha sido protegida por el juez- aseguraron en sus declaraciones en la Audiencia Nacional que no se dio ninguna instrucción para que se rebajará la presión policial a la banda terrorista durante la tregua ni para relajar la vigilancia en torno al bar Faisán.
Los negociadores, tres personas según las fuentes consultadas, aseguraron que durante la tregua se mantuvo �el máximo nivel de alerta� ya que ETA continuaba con sus actividades de aprovisionamiento.
Esta misma versión de los hechos fue ofrecida en las declaraciones que prestaron ante Ruz los mandos policiales, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza que comparecieron ante el magistrado a instancias de la Fiscalía.
Ante los requerimientos del magistrado, el Gobierno sí que accedió a identificar a las personas que actuaron como sus representantes en las reuniones, aunque no revelaron el nombre de ninguno de los mediadores que participaron en los encuentros.
