La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha confiado este martes en que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala, –a la que el Gobierno regional no remitirá las actas de sus reuniones de los últimos diez años en el marco de la investigación sobre las irregularidades detectadas en ERE– ayudará al Ejecutivo andaluz a cumplir la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Moreno ha hecho estas declaraciones para explicar que el Gobierno no remitirá esas actas ya que tienen «carácter reservado» y que ha ofrecido otra vía de colaboración, ofreciendo las certificaciones de los acuerdos del Consejo.
«Entendemos que la jueza pueda estar interesada pero hay una ley de Gobierno que impide levantar la reserva indiscriminadamente, por eso nos hemos dirigido al juzgado para darle una alternativa, para darle toda la información pero con otra vía legal», ha resumido la consejera en la rueda de prensa posterior a la Comisión Bilateral Junta-Estado, que se ha reunido este martes en Madrid para abordar el futuro modelo de gestión del Guadalquivir.
Como ha indicado esta mañana tras el Consejo de Gobierno, la consejera ha dicho que si el juzgado no quiere la aportación de las certificaciones que ofrece la Junta ésta llevará este asunto al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales para que se pronuncie al respecto.
Esta opción –ha añadido– permitirá conocer la opinión de este órgano sobre asuntos de este tipo que afectan a documentos reservados y será útil, incluso, para saber si «procede levantar la confidencialidad de acuerdos alcanzados» incluso en el Consejo de Ministros.
En cualquier caso, Moreno se ha mostrado convencida de que el juzgado aceptará «la otra vía» y ha aseverado que si la Junta no tuviera voluntad de colaborar con la Justicia, habría recurrido directamente al Tribunal, sin ofrecer la otra posibilidad.
«La colaboración es al 100 por cien y hemos puesto sobre la mesa una alternativa para llegar al mismo resultado. La jueza nos tiene que ayudar a que no vulneremos la ley del Consejo de Gobierno andaluz», ha concluido.
