Los jueces de Zaragoza, reunidos en Junta General, han reclamado por unanimidad la retirada del anteproyecto de Ley referente a la reforma de los Tribunales de Instancia. Los magistrados de la capital consideran que la ley tiene un enfoque «economicista» y que es «claramente inconstitucional».
Según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en un comunicado, los magistrados de Zaragoza mantuvieron el miércoles una Junta General de Jueces para valorar el anteproyecto de ley de los Tribunales de Instancia.
En el documento elaborado al término de la reunión, en el que se recogieron sus conclusiones, manifiestan su «profundo desacuerdo» con la tramitación del anteproyecto, que califican de «completa inoportunidad» al entender que el paso previo en la reforma de la Administración de Justicia ha de ser la nueva Oficina Judicial.
Los jueces estiman, además, que es «inadmisible que en una reforma de tal calado no se haya contado con las Juntas de Jueces, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, ni con las asociaciones judiciales».
En sus conclusiones, valoran que existe una «clara inconstitucionalidad» en varios artículos del anteproyecto «por atentar contra la independencia del Poder Judicial y por que se priva a jueces y magistrados de los mínimos instrumentos para el desarrollo de su labor».
Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado este jueves, aprobó, por 19 votos a favor y dos, en contra el Informe de la Comisión de Estudios en relación con el anteproyecto de ley orgánica para la creación de los Tribunales de Instancia.
En el informe, el CGPJ hace algunas matizaciones para que sean tenidas en cuenta. Así, consideran necesario, para garantizar la inamovilidad judicial, que los cambios funcionales dentro de una Sección sean autorizados por este Consejo.
Asimismo, creen que no pueden implantarse los Tribunales de Instancia sin que lo haga previa o simultáneamente la denominada ‘Nueva Oficina Judicial’.
Por lo que se refiere a las dotaciones básicas de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) a los jueces y magistrados, el informe objeta que no debería suprimirse la intervención de este Consejo en lo referente a la determinación de las dotaciones básicas de estas unidades.
