El juicio por el caso ‘Malaya’, contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, continua este lunes con los interrogatorios a más policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que participaron en la investigación y que han sido citados como testigos en el segundo bloque de la vista oral, centrado en el delito de blanqueo de capitales.
Así, está previsto que a lo largo de la semana comparezcan ante el Tribunal encargado de enjuiciar este procedimiento varios responsables de dicha unidad, así como agentes que realizaron diligencias concretas dentro de la investigación en relación con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y otros acusados durante la instrucción.
En este segundo bloque se analizan operaciones y sociedades vinculadas a Roca, que fue el primero en declarar. Además, están acusados miembros del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, presuntos testaferros, como Montserrat Corulla y Oscar Benavente, el responsable de seguridad de sociedades, Jaime Hachuel, y el contable Salvador Gardoqui, entre otros.
Las dos últimas semanas la vista oral prácticamente se ha centrado en el interrogatorio al responsable de uno de los grupos de la UDEF, encargado de la investigación sobre el blanqueo de capitales, quien ha declarado como testigo durante cinco sesiones, en las que acusaciones y defensas le han preguntado por distintos informes contenidos en el sumario.
En este sentido, el investigador precisó, a preguntas del ministerio fiscal, que Roca inició sus ocupaciones vinculadas al Ayuntamiento marbellí en 1992, y desde 1993 –tan sólo un año después– la Policía tiene conocimiento «de operaciones que le benefician hasta el momento de la detención», que tuvo lugar el 29 de marzo de hace cinco años.
Por esto, ratificó que existía una actividad empresarial «oculta» de Roca que coincide temporalmente con su vinculación con sociedades municipales y que las empresas que proporciona el gabinete jurídico, cuyos principales miembros están acusados, sirvieron para determinados negocios cuya nota principal es la posición de Roca en la corporación.
Ha insistido en que el patrimonio del principal procesado «estaba oculto bajo la tapadera societaria» y aunque existían informaciones en las que se apuntaban a que determinadas sociedades podían ser de su propiedad «era imposible descubrir cuál era éste sino se aplicaban determinados tipos de investigaciones». Ha dicho que en verano de 2006 Roca admite que el patrimonio es suyo.
El inspector indicó que tras encontrarse determinados archivos en la sociedad Maras Asesores se determinó que la estructura se organizaba como una ‘Y’ invertida, siendo el palo «las aportaciones que efectúan una serie de empresario, una rama, la cuenta del Ayuntamiento para pagar alcaldes y concejales y la otra, los ingresos en su entorno directo».
Asimismo, ratificó las acusaciones del fiscal sobre la existencia de una organización puesta al servicio del presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, de quien dijo que tenía un carácter «vehemente e imperativo» y que sus empleados obedecían sus instrucciones. Las defensas han tratado de cuestionar con sus interrogatorios la validez de las pruebas y de la investigación.
