Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Parlamento catalán convoque un referéndum independentista esta legislatura se lo han brindado este miércoles al Gobierno catalán como alternativa al concierto económico, al dar por hecho que el Tribunal Constitucional (TC) lo tumbará.
«Es lo mejor que pueden hacer cuando fracase», ha considerado la responsable de coordinadora de las consultas soberanistas Anna Arqué, que confía en que CiU apoye en la Mesa del Parlamento catalán la admisión a trámite de la proposición de ley que presentaron en la Cámara catalana el 12 de abril.
Son optimistas porque «CiU está a favor de la autodeterminación», según ha explicado David Vinyals, uno de sus promotores, para quien no tendría sentido su rechazo después de que sí fuera aceptada a debate la moción para la declaración de independencia de SI, luego tumbada por el pleno.
También han insistido en que la propuesta de referéndum no pretende poner palos en las ruedas a la hoja de ruta de CiU, sino mostrar su punto final, según Vinyals, y en este sentido, ha mostrado su «lealtad» ante el concierto económico que pretende la federación.
Sin embargo, esta actitud positiva hacia el objetivo de CiU convive también con su escepticismo: «Es más viable conseguir la independencia que el concierto económico», ha sentenciado la promotora y representante de Soberania i Progrés, Elisenda Paluzie.
La ILP, de ser admitida a trámite y aprobada por la Cámara, facultaría a la Generalitat para escoger la fecha del referéndum «dentro de la presente legislatura».
La pregunta que se formularía a los ciudadanos es la misma que en las consultas locales que han celebrado hasta ahora sin validez legal: «¿Está usted de acuerdo en que la Nación Catalana devenga un Estado de Derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?».
UN NUEVO INTENTO
Si la Mesa la admitiera a tramite se abriría un periodo para recoger firmas para que el pleno pueda debatir si decide convocar el referéndum o no.
La Mesa del Parlamento catalán, en anteriores ocasiones, ya rechazó iniciativas similares, la última en julio de 2010 cuando no admitió a trámite una Iniciativa Popular (IP) por considerar que era contraria al Estatut.
