La Sala del 69 de la Audiencia Nacional se reúne este martes para analizar la recusación de Otegi a la juez Murillo

La Sala del 69 de la Audiencia Nacional se reunirá este martes para analizar la recusación presentada por el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi contra la juez Angela Murillo y los otros dos magistrados que le juzgaron por participar en julio de 2005 en un homenaje al etarra José María Sagarduy, ‘Gazta’, y que le volverán a enjuiciar por el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune.

La deliberación sobre esta cuestión se producirá a puerta cerrada y se concretará en un auto del que será ponente la magistrada Manuela Fernández de Prado, según han informado fuentes jurídicas.

La abogada defensora del ex portavoz de Batasuna, Jone Goirizelaia, alegó en su solicitud de recusación «falta de imparcialidad objetiva» del tribunal alegando que la presidenta, Angela Murillo, preguntó durante la vista oral a su cliente si condenaba «rotundamente la violencia» y, tras negarse éste a contestar, añadió: «Muy bien, ya lo sabía». «Yo también sabía que lo iba a preguntar», respondió Otegi.

El tribunal, compuesto por Murillo y los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, condenó al ex portavoz de Batasuna a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

No obstante, el Tribunal Supremo anuló el pasado 8 de febrero esta condena y ordenó a la Audiencia Nacional repetir el juicio al apreciar falta de imparcialidad en los tres jueces. De esta forma, un tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez e integrado por los magistrados Nicolás Poveda y Carmen Paloma González repetirá la vista los días 12 y 13 de julio.

Consideraba entonces el Supremo que la presidenta del tribunal que le enjuició incurrió en falta de objetividad al realizar la pregunta al ex líder de Batasuna sobre la condena de la violencia. Murillo «expresó un prejuicio» en contra del acusado, apreciaba el Supremo.

LOS DESEOS DE OTEGI

La Fiscalía se ha opuesto a la recusación solicitada por Otegi argumentando que sus «deseos o preferencias» no pueden considerarse «justificación suficiente para establecer la falta de imparcialidad» de un tribunal. «Las dudas sobre la imparcialidad, para ser atendidas, no pueden basarse en meras impresiones sino que requieren una justificación objetiva», asegura el Ministerio Público en un escrito.

Si bien el fiscal reconoce que en el juicio en el que se acusaba al ex portavoz de Batasuna de enaltecer al miembro de ETA José María Sagarduy el tribunal pudo incurrir en una pérdida concreta de imparcialidad, defiende que este hecho no puede extrapolarse a otras causas del mismo acusado ante un tribunal con idéntica composición.

Así, el departamento dirigido por Javier Zaragoza indicaba que el objeto del juicio sobre el proyecto Bateragune destinado a suceder a Batasuna es «distinto» al homenaje a Sagarduy. Si la pretensión de Otegi prosperase, según el fiscal, se invertiría «sin razón ni motivo alguno la confianza en la independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia».

«Hasta el momento no se ha producido circunstancia alguna que avale la existencia de prejuicio alguno por parte de los magistrados integrantes del tribunal», defiende el Ministerio Público.

LA SALA DEL 69

Tras la petición realizada por la abogada de Otegi, Jone Goiricelaia, la Audiencia Nacional dio inicio al incidente de recusación recogido por la ley, que supone convocar una sala especial regida por el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ya que entre los recusados hay más de dos magistrados de una de las salas.

La Sala del 69, integrada por 10 magistrados, está formada por el presidente Angel Juanes, los presidentes de la Sala de lo Penal, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

Precisamente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó el pasado miércoles en libertad a Arnaldo Otegi, con una fianza de 50.000 euros en la causa que investiga la financiación de Batasuna a través de las herriko tabernas, en la que se enfrenta a una petición fiscal de pena de 12 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista.

A pesar de ello, el representante de la izquierda abertzale no saldrá de prisión ya que su encarcelamiento preventivo por su intervención en el intento de refundación de la formación ilegalizada a través del proyecto conocido como ‘Bateragune’ se mantiene vigente desde el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón.

Garzón le imputó indiciariamente, junto al ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y otros seis dirigentes de la izquierda abertzale, el intento de reconstruir Batasuna a través de un proyecto con el que pretendían crear «un referente político» que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011. La Fiscalía solicita para los acusados una pena de 10 años de prisión por integración en organización terrorista.

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