PP y CiU han criticado este miércoles la «celeridad» y las «prisas» con las que se ha tramitado el proyecto de ley de agilización procesal al que han incorporado enmiendas que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que han conllevado una «polémica» entre la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En una mesa redonda para debatir sobre el nuevo modelo de Justicia en el Centro de Estudios Jurídicos, que ha sido moderada por el secretario de Estado Juan Carlos Campo, el diputado del PP Vicente Ferrer ha criticado las «prisas» con las que se tramitan algunas leyes ya que dejan «muy poco espacio a la negociación» con los operadores jurídicos afectados. A su entender, provocan «espectáculos» como el vivido con el proyecto de ley de agilización procesal.
Por su parte, el diputado de CiU Jordi Jané ha afirmado que su grupo redactó esas iniciativas después de que miembros del órgano de gobierno de los jueces afirmaran que estas propuestas habían alcanzado «un consenso» entre las partes afectadas. Algunas de estas enmiendas abogan por ampliar el secreto de las actuaciones judiciales y fijar un límite de tiempo para el secreto de sumario.
Asimismo, Jané ha alertado de que en ocasiones se llega a «legislar con demasiada celeridad» y de que los grupos sufren en ocasiones «constantes presiones» por parte de «diversos actores del Poder Judicial».
Tanto el PP como CiU han coincidido en advertir sobre la necesidad de lograr que el ciudadano no tenga la percepción de que «si acude a la Justicia, su asunto se va a eternizar». Para los ‘populares’ un servicio público «desprestigiado» y falto de agilidad no beneficia a la situación económica del país.
Del otro lado, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha sugerido a los grupos que retiren estas enmiendas para «no echar leña al fuego sobre un tema que ahora no toca», sino que afecta especialmente a la LECrim. En este punto, ha lamentado las «desintonías» desatadas desde el punto de vista institucional.
Villarrubia se ha defendido de las acusaciones de precipitación y ha apuntado que el PP celebró en apenas «10 minutos» una ponencia de la penúltima reforma del Código Penal, mientras que el PSOE ha discutido durante meses sobre la última gran modificación que sufrió este texto y que entró en vigor el pasado diciembre.
NUMERO DE JUECES INFERIOR A RUMANIA
En otro orden de cosas, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Vicente Ferrer se ha mostrado pesimista al desconfiar de que las leyes de modernización judicial promovidas por el Gobierno consigan «desatascar el enorme colapso de la Justicia». Aunque no ha negado los esfuerzos de Justicia por agilizar esta Administración, ha advertido del escaso número de jueces y fiscales –que es «inferior a Rumanía»– así como de que España es el país que registra «mayor nivel de litigiosidad de la Unión Europea».
Por contra, el socialista Julio Villarubia ha defendido de que el Departamento de Francisco Caamaño ha impulsado el que «probablemente» es el «plan más ambicioso de la historia de la democracia» para modernizar la Justicia. En concreto, ha defendido que se ha invertido y se han creado plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales en «más del doble» que en épocas anteriores.
