Quedan en libertad con cargos el director de la Autoridad Portuaria de Baleares y el ingeniero Justo Aguado

El director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Angel Matías, y el ingeniero y ex funcionario del organismo público, Justo Aguado, han quedado en libertad con cargos tras declarar a lo largo de esta tarde en dependencias de la Jefatura Superior de Policía. En concreto, sobre ellos pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

Ambos fueron detenidos este martes en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, cuyas pesquisas se centran en el supuesto amaño de concursos para la adjudicación de la explotación de amarres en los puertos de Mahón e Ibiza Nueva en favor del conglomerado de empresas Trapsayates, vinculada a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. No obstante, dentro de esta nueva pieza se indaga el posible cobro de comisiones de un empresario catalán por unos informes que habrían tenido escasa utilidad.

Tanto Matías, defendido por José Zaforteza, como Aguado, asistido por Carlos Barceló, son los únicos arrestados que han pasado esta noche en comisaría después de que un tercer detenido en esta operación, el empresario catalán J.L.C.E., fuese la pasada jornada puesto en libertad con cargos.

Durante este martes se llevaron a cabo tres registros por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.

Aguado, funcionario ya jubilado de la APB y quien fue detenido en el aeropuerto de Son Sant Joan procedente de Ibiza, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates.

El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver –perteneciente a Trapsa– habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa –si renunciaba a la concesión– tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.

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