Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han trasladado este jueves desde Francia al etarra Gorka Betolaza Vilagrasa, vinculado a la organización juvenil Segi, para que sea juzgado en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo.
Betolaza Vilagrasa, arrestado el pasado mes de mayo en Bayona, está reclamado por la Sección Primera Penal de la Audiencia Nacional y se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por su participación en actos de ‘kale borroka’.
Nacido en Vitoria el 17 de febrero de 1983, había sido detenido previamente en 2007 también en Francia, junto con otras quince personas, durante una operación en la que fueron arrestados los responsables de diversos atentados cometidos en los Pirineos Atlánticos franceses.
El pasado 29 de julio el Tribunal Supremo confirmó la pena de 4 años de cárcel impuesta en noviembre de 2009 por la Audiencia Nacional a Betolaza por su participación en actos de ‘kale borroka’ cometidos contra entidades bancarias de Vitoria entre enero y mayo de 2002. El alto tribunal otorgó plena legalidad a las pruebas de ADN obtenidas para condenarle, al estimar que la policía puede recoger muestras biológicas abandonadas por un sospechoso sin necesidad de autorización del juez.
Se le considera responsables del delito de transporte de sustancias explosivas en concurso ideal con un delito de daños. Se les condenó por la comisión de daños por valor superior a los 96.000 euros: 45.000 euros en la sucursal del BBVA de la calle Reyes de Navarra (atacada el 22 de enero de 2002), 3.000 euros en la asesoría Servigest de la plaza del Marqués de la Alameda (25 de febrero de 2002), 35.000 en las de Caja Vital y la Caixa de la calle Arana (21 de abril de 2002) y 2.500 en la de la Caja Vital-Kutxa de la calle Eduardo Velasco (7 de mayo).
DETENIDO EN FRANCIA EN 2007
Este joven de 28 años había huido de España a principios de 2007 para evitar su detención y era el último de los 23 condenados por el Tribunal Supremo por su integración en Jarrai-Haika-Segi que aún no había ingresado en prisión. El Supremo les consideró «autores responsables de un delito de integración en asociación ilícita, constitutiva de banda, organización o grupo terrorista, en concepto de integrantes de ellas».
El Alto Tribunal les impuso 6 años de prisión con la accesoria de «inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 6 años». Esta pena es la más leve de las previstas en el Código Penal para este tipo de delito. Por ello, tras dictarse sentencia contra Jarrai-Haika y Segi, la sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó contra él una orden europea de detención el pasado 20 de enero.
Anteriormente, Belotaza ya fue detenido en marzo de 2002, junto a otras diez personas, en una operación contra la organización juvenil Segi coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que tuvo lugar en el País Vasco y en Navarra.
El juez Baltasar Garzón ordenó su ingreso en prisión incondicional días más tarde por los delitos de pertenencia a ETA, de uno continuado de terrorismo, por inducción a daños, incendios y estragos ocasionados coincidiendo con convocatorias realizadas por Segi desde su fundación en junio de 2002.
El magistrado consideró que los detenidos, como responsables de Segi, «organización alegal subordinada estructural y funcionalmente a ETA, controlan la kale borroka y se encargan de realizar comunicaciones amenazantes y coactivas contra distintos cargos públicos y presionar a las Empresas de Trabajo Temporal.
No obstante, en abril de 2005 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgaba a 28 miembros de las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale Jarrai-Haika-Segi ordenó la puesta en libertad de 12 de los 14 acusados que aún estaban encarcelados, entre ellos Belotaza, al constatar que ya habían cumplido o estaban a punto de cumplir el límite máximo de prisión preventiva acorde con las penas a las que pudieran ser condenados.
