El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lora del Río (Sevilla) ha citado a declarar este viernes, en calidad de imputados, a la anterior primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, Inmaculada Díaz Gallego, y a Alejandro M. González, también teniente de alcalde pero durante el mandato 2003/2007, en la causa incoada contra la ya exalcaldesa de este municipio María José Cervantes (PSOE), a cuenta de dos licencias de obra otorgadas en suelo no urbanizable y en contra de los designios del arquitecto municipal.
En enero del año en curso, el Ministerio Público interesaba ya la apertura de juicio oral ante un Juzgado de lo Penal pues, en torno a estos hechos, reclamaba para la ahora exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas y vicepresidenta primera de la Diputación en el anterior mandato una pena de 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público. El auto de procedimiento de abreviado, no obstante, ha sido revocado para practicar nuevas diligencias. Según los hechos relatados en un escrito de la Fiscalía recogido por Europa Press, el día 5 de julio de 2005, el propietario de una parcela ubicada en la zona donde enlazan la avenida de la Constitución y la de Blas Infante solicitó al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas una licencia para edificar una vivienda unifamiliar.
INFORMES CONTRARIOS
En este sentido, el fiscal ponía de manifiesto que, «a pesar de que el arquitecto municipal» informó el mismo día a Cervantes de que la solicitud de licencia era contraria a las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad, por ser suelo no urbanizable, la imputada, «consciente de la ilegalidad de su proceder, concedió el 28 de julio de 2005 la licencia, lo que determinó que el solicitante edificara la casa».
De igual modo, aseveraba la Fiscalía que el 14 de octubre de 2005 el titular de otra parcela similar en el mismo paraje, y por tanto «de idéntica clasificación urbanística», pidió al Ayuntamiento una licencia para hacer una vivienda unifamiliar y, «al igual que en el caso anterior, el arquitecto municipal advirtió el mismo día 14 de que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento por ser el terreno no urbanizable». No obstante, «nuevamente la acusada, sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedió por decreto de 14 de noviembre de 2005, título con el que el solicitante edificó la casa».
PREVARICACION E INDUCCION
Por todo ello, el fiscal consideraba ya entonces que los hechos descritos, denunciados por el grupo de concejales de Unión Minera, son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación, y de dos delitos contra la ordenación del territorio por inducción. Por cada uno de los dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación solicitaba, a tal efecto, ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 6.750 euros, mientras que por cada delito contra la ordenación del territorio por inducción pide ocho meses de cárcel y el pago de una multa de 6.750 euros.
Si bien la defensa de María José Cervantes había reclamado el sobreseimiento de la causa, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lora del Río, mediante una providencia dictada el 31 de mayo y recogida por Europa Press, rechaza tal extremo y, por contra, convoca como imputados el 24 de junio a Inmaculada Díaz Gallego y a Alejandro M. González Martínez, ambos tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Río en el mandato en el que fueron otorgadas las licencias investigadas.
Y es que en un escrito previo de la Fiscalía que se opone a la petición de archivo de las actuaciones, se señala a tal efecto, que «la apariencia de verosimilitud de los hechos que en su día se denunciaron es evidente». Ya en enero de 2011, María José Cervantes había defendido su «inocencia» y aseguraba que «en ningún momento» por su parte ni la de ningún responsable político o funcionarial del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas «se ha otorgado licencia de obras alguna», por lo que «no se ha podido vulnerar ninguna norma».
