La ex concejala de Sanidad y Servicios Sociales de Castro Urdiales, Elisa Dopico, ha sido condenada a dos años de prisión por un delito continuado de obstrucción a la justicia tras admitir que amenazó reiteradamente a una funcionaria de su departamento que declaró en el caso ‘Trapur’, en el que Dopico está imputada.
No obstante, la condena, por un delito continuado de obstrucción a la justicia, se suspenderá en la parte relacionada con la prisión, tal y como han acordado las partes convocadas al juicio previsto para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander.
Bajo el ‘caso Trapur’ se conoce a un proceso judicial en el que se investiga la adjudicación del servicio de desratización del municipio a la empresa Trapur, gestionada por un compañero de partido de Dopico –en ese momento en el PP– tras el pago de un talón.
Es un tema por el que Dopico está imputada, si bien la semana pasada la causa experimentó un retroceso justo cuando iba a comenzar el juicio. La Audiencia Provincial entendió que la falta de acceso de Dopico a la información sobre su proceso por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales obligaba a llevar el procedimiento a la fase anterior, lo que no significa que se anulen los indicios de delito hallados en su contra durante la investigación judicial.
Cuando comenzaron las citaciones de los testigos, Dopico amenazó a una de las funcionarias municipales que declaró en su contra, como ha reconocido este miércoles ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander.
Las amenazas se produjeron en varias ocasiones, y una de ellas ha sido la que le ha llevado a ingresar en el penal de El Dueso, como medida cautelar, en una decisión del juzgado castreño cuyo titular es el magistrado Luis Acayro Sánchez que precisamente este martes ha sido revocada por la Audiencia de Cantabria, pero que está pendiente de otro juicio distinto.
ACUERDO
La condena que Dopico ha pactado con las partes supone penas inferiores que las que se pedía contra ella, que eran de 3 años de prisión por parte del Ministerio Fiscal y 4 años y dos meses de cárcel en el caso de la acusación particular, ejercida por la funcionaria. Además, Dopico deberá abonar una multa de 2.160 euros –cuyo pago ha solicitado fraccionar en seis meses–.
La denunciante ha recibido ya una indemnización de 20.000 euros, lo que supone que en el fallo se incluye esta circunstancia como atenuante, si bien se contempla como agravante el abuso de autoridad cometido por su posición de concejala responsable del área en que estaba encuadrada esta empleada municipal.
El acuerdo alcanzado entre la acusada y las partes también incluye la prohibición de acercarse a 200 metros del lugar de trabajo o residencia de la víctima, así como de comunicar con ella por cualquier tipo de medio, durante un plazo de dos años.
Como parte del acuerdo, su defensa ha pedido, sin oposición de las partes que la acusaban, que se suspenda la pena de ingreso en prisión, petición que la jueza ha aceptado, pero condicionándola a que Dopico no cometa ningún delito durante los próximos dos años. En caso contrario, tendrá que cumplir la condena por cárcel.
Al llegarse a este acuerdo, no ha sido necesario celebrar el juicio en los términos en que estaba previsto y se dictará una sentencia de conformidad.
