La ex mujer del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero se ha negado este miércoles a declarar por un delito contra la Hacienda Pública ante el magistrado que instruye el ‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, al entender que no es competente tras inhibirse de la investigación a favor de la Audiencia Nacional.
Su ex marido, conocido como el ‘Albondiguilla’, también estaba citado, pero se ha aplazado el interrogatorio hasta el próximo 14 de julio por problemas de agenda de su abogada. Ese día declararán además el empresario José Luis Ulibarri y el presidente de Martinsa, Fernando Martín.
En su comparecencia ante el TSJM, Villarroya se ha acogido a su derecho a no declarar en virtud del artículo 25 de la Ley de Enjuicimianto Criminal al estimar que Pedreira ya no es competente para ello. Además, ha alegado que no prestaría declaración hasta que no concluya la inspección de Hacienda a la que está sujeta.
Pese a no declarar, el magistrado instructor ha decidido mantenerle la acusación por la misma infracción penal, sin acordar ninguna medida cautelar, según han indicado fuentes jurídicas.
Precisamente, la declaración de la ex esposa del ‘Albondiguilla’ tenía lugar un día antes de la prescriba el delito contra la Hacienda Pública que se le imputa, que correspondería a 2005.
La decisión de Pedreira de imputar a Villarroya y al ex alcalde parte de un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se pone de manifiesto la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública por parte de González Panero y de Villarroya relacionado con la disposición de cuenta abierta en una sucursal bancaria con sede en Suiza.
Según el documento, habrían defraudado una cuota de 238.429 euros en 2005 y 123.396 euros en el años 2006 en el pago del IRPF. La cuenta fue abierta en 2005 y en ella aparece Villarroya como apoderada y ex alcalde como gestor. El magistrado recuerda que González Panero está imputado en el caso Gürtel por un delito de cohecho y por prevaricación.
Además, señala que la disposición de fondos de la cuenta a la que se hace referencia ponen de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares y, un año después, contaba con 866.216 dólares, «cantidades que no fueron declaradas en las autoliquidaciones de IRPF por ambos en el 2005 y 2006».
Pedreira considera que estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos contra la hacienda públicas siendo al cuota defraudada de 283.429,06 euros para el ejercicio 2005 y 123.396 euros en 2006.
