Las cuatro asociaciones judiciales han denunciado este jueves el interés de los partidos políticos por controlar el poder judicial y coincidieron en señalar esta circunstancia como uno de los principales males que aquejan a la Administración de Justicia, a la que se refirieron como «deficitaria», «incomprensible», «lamentable y caótica» y en peor situación que hace dos años, cuando los jueces y magistrados convocaron huelga por primera vez en la historia de la democracia..
Durante un almuerzo convocado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, se ha referido a la situación actual de la justicia como «deficitaria» y ha añadido que esto es así «porque los gobiernos han estado más interesados en controlar al poder judicial que de dotarle de los instrumentos necesarios» para lograr una gestión eficaz.
Entre estos intentos de control por parte del poder Ejecutivo, Llanera ha citado los cambios en el sistema de selección de los jueces -así mo el intento de participación en esta selección de las comunidades autónomas-, así como la corriente favorable a conceder a las fiscalías las competencias para la investigación de los delitos.
Llanera también ha denunciado la falta de medios en los órganos judiciales, así como los atrasos en la implantación de nuevas tecnologías, que impiden la interconexión entre los juzgados y otros organismos como la Policía.
«El abandono ha sido importante», ha manifestado, por lo que, en muchos puntos, coincide con el documento de trabajo elaborado por el propio Consejo del Poder Judicial (CGPJ) en el que se reclaman mayores competencias para el órgano de gobierno de los jueces tales como la elección directa de los 12 vocales de este órgano de procedencia judicial, autonomía presupuestaria y la aprobación de modificaciones legislativas dirigidas a la supresión de recursos.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha señalado que lo principales problemas de la justicia son la lentitud -entre otras cuestiones por falta de medios, lo que es atribuible a las administraciones-, la «incomprensión» que las resoluciones provocan en la opinión pública y la politización.
MALA PRAXIS DE LOS PARTIDOS
Sobre este último punto, Ramírez ha explicado que es consecuencia «de una mala praxis institucional imputable a los partidos políticos» y ha defendido la independencia de los jueces y magistrados españoles, que no se supeditan a estos intereses.
Con esta defensa de la independencia ha coincidido también el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FdV) Marcelino Sexmero, que ha indicado que los jueces están condenados a «querer aparentar lo que no son», y denunció el «daño» que hacen las etiquetas que se en los medios de comunicación les dividen entre «conservadores» y «progresistas».
«Todos los jueces tenemos una ideología que puede influir hasta cierto punto en la interpretación que hacen de una norma», según el portavoz de FdV, lo que en ningún caso puede llevar a identificarles con una posición política concreta. «Los jueces dictan sus resoluciones con todo el peso de su conciencia y con todo el peso de la ley», ha añadido Sexmero.
Sobre la situación actual de la administración de Justicia, el portavoz de la Francisco de Vitoria ha señalado que la Carrera Judicial tuvo su ‘movimiento del 15-M’ particular en octubre de 2008, con el movimiento que fue el origen de la primera huelga de jueces de la democracia, que se convocó unos meses más tarde. «Y ahora estamos peor que hace dos años», ha dicho.
FALLOS EN LA OFICINA JUDICIAL
Entre las situaciones a mejorar, Sexmero citó la Nueva Oficina Judicial, que según todos los portavoces presentes en el acto está funcionando con muchos problemas en aquellos lugares en los que el Ministerio de Justicia ya ha iniciado su implantación. Ha añadido las diferencias entre la inversión en informática de los territorios gestionados por las comunidades autónomas de aquellos competencia directa del Ministerio, y ha calificado de «nimios» los cambios aprobados hasta este momento en material procesal.
Finalmente intervino el presidente del Foro Judicial Independiente, Francisco Javier Barona, quien calificó la situación de la Administración de Justicia de «lamentable y caótica por el intento de politización partidista».
«La politización interesa a dos, o a lo sumo a cuatro partidos políticos», según Barona, que añadió que este interés «no es inocente» ni consecuencia del sistema, sino que «tiene una intencionalidad clara, que es la de minar la independencia del poder judicial». Este control se desarrolla mediante las reformas legislativas (muchas de las cuales se dirigen a restar poderes a los jueces) y también mediante la política de nombramientos, esta última «con el beneplácito de algunas asociaciones judiciales».
BILDU
Finalmente, los portavoces fueron preguntados sobre si otro de los factores de desconfianza en la justicia puede encontrarse en la contradicción entre los criterios de los tribunales, como ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional que validó a Bildu frente a los argumentos del Supremo en contra de la presencia de esta formación en los últimos comicios.
A este respecto, Varona ha señalado que lo que más influye en este caso no es la bondad o maldad de las resoluciones, de cuya «enjundia jurídica» él no duda, sino el hecho de que los propios medios de comunicación conocieran lo que iba a ocurrir, y acertaran, antes de que se adoptaran las resoluciones.