El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por primera acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto para que resuelva un conflicto entre las leyes y las doctrinas judiciales españolas en materia de extradiciones y la directiva comunitaria que regula este aspecto.
Los magistrados del Constitucional han tomado esta decisión en el marco de un recurso de amparo interpuesto por el ciudadano italiano Stefano Melloni contra la decisión de la Audiencia Nacional de entregarle a su país para cumplir una condena de diez años de prisión que le fue impuesta por llevar a la bancarrota a una sociedad financiera y por desvío de capitales.
El recurrente invocó en su demanda la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, ya que fue condenado en rebeldía, es decir, sin estar él presente, una práctica que está prohibida en España para delitos castigados con más de dos años de prisión.
La doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que, en el caso de las condenas por delitos graves impuestas en ausencia del acusado, la entrega del condenado al país reclamante ha de condicionarse a la posibilidad de revisión de la sentencia.
Esta doctrina constitucional era compatible con la inicial redacción de la directiva que reguló la aplicación de la orden europea de detención y entrega, aprobada por el Consejo de la UE en junio de 2002.
Sin embargo, esta directiva fue modificada en febrero de 2009, introduciendo un nuevo artículo que impide �denegar la ejecución de la orden de detención europea a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución� si,
�teniendo conocimiento de la celebración previa del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio�.
DUDAS DEL CONSTITUCIONAL
En el recurso de amparo, el Constitucional se enfrenta a un problema cuya solución depende, en gran parte, de la interpretación y de la validez del nuevo artículo, pues el demandante de amparo había estado representado en el proceso penal en el que fue condenado por dos abogados de su confianza.
El juicio sobre la interpretación y validez del derecho comunitario corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Constitucional plantea a este tribunal si, admitida la validez del citado artículo, un Estado miembro puede condicionar la entrega de un condenado en ausencia a que la condena sea sometida a revisión por exigirlo así un derecho fundamental, el derecho a un proceso con todas las garantías, que en España está reconocido por la Constitución.
El planteamiento de la cuestión supone la suspensión de la tramitación del recurso de amparo en la que se suscita hasta su resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
