El Tribunal Supremo se ha visto obligado a absolver a tres personas que fueron acusadas de formar parte de una red internacional que introducía en España contenedores cargados de cocaína oculta entre piñas, después de que la Audiencia Nacional no tuviera en consideración la prueba de descargo alegada por los condenados.
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por delitos contra la salud pública a 12 años de cárcel a J.M.S. al considerar que ayudaba al presunto narcotraficante Agustín Lapeña, quien se encuentra en situación de rebeldía y del que era socio de la discoteca Pacha Valencia.
Además, impuso una pena de 9 años de prisión a L.R.G. al considerar que era el «hombre de confianza» de Lapeña y se encargaba de recibir los contenedores de droga que llegaban a España, mientras que condenó a 5 años de cárcel a A.I.J. al entender que era la secretaría de la empresa del huido y realizaba las actuaciones administrativas propias de la importación de los estupefacientes.
Sin embargo, la Sala de lo Penal del Supremo sólo considera probado que la empresa ‘Expand Importex’, dirigida por Agustín Lapeña, recibió varios contenedores procedentes de Sudamérica y cargados con cocaína, valorada en 29.966.330 euros, pero no ve acreditado que los tres acusados conocieran y participaran en la introducción de la droga.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, destaca que los viajes o pagos que efectuaron algunos condenados a Colombia no prueban que participaran en los hechos enjuiciados.
Destaca además que el patrimonio de los acusados no era llamativo ni probaba su implicación en una organización de tráfico de cocaína a gran escala. Así, indica que no hay indicios que les asociaran «en lo más mínimo» a un «lujoso estándar de vida, viajes o fiestas» y considera «patente» la «ausencia del menor examen de la prueba de descargo».
