El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota aseguró este miércoles que, a pesar de sus manifestaciones, el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y el exsecretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga ni han rechazado la violencia ni han roto con ETA, y pidió que se les condene a sendas penas de diez años de cárcel como dirigentes de organización terrorista.
González Mota hizo esta afirmación en el trámite de conclusiones del juicio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra Otegi y el resto de procesados por intentar presuntamente reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de ETA, a través del proyecto denominado �Bateragune�.
El representante del Ministerio Público reconoció que en el seno de la izquierda abertzale existe un �proceso de evolución�, pero aseguró que este se limita a �adaptar la estructura� de la izquierda abertzale �al momento presente� mientras el �aparato militar� no debe �perjudicar la presencia del frente institucional con inoportunas acciones terroristas�. �No se ha acreditado de que se tratara de un proceso sin ETA�, aseguró el fiscal.
González Mota insistió en que Otegi y el resto de procesados trabajaban en �la construcción de un proceso que denominan democrático pero sin renunciar al ejercicio de la violencia�.
USO DE LA VIOLENCIA
Al contrario, el trabajo de Otegi y Díez Usabiaga era �complementario al uso de la violencia terrorista� con la �pretensión de que el Estado cambie la estructura constitucional presionado por el ejercicio de la violencia�.
El representante del Ministerio Público reconoció también que en el seno de la izquierda abertzale ha tenido lugar un debate, pero afirmó que se limitó a decidir si �la violencia debe pasar a un segundo lugar o si debe primar la lucha armada�, siempre dentro de la misma �estructura organizada�.
�Ninguno de los acusados ha pedido que desaparezca la amenaza de las bombas�, destacó González Mota antes de señalar que �quienes atentan contra los derechos fundamentales mediante el tiro en la nuca o el coche-bomba pretende hacer creer que reivindican una democracia en la que todos los proyectos políticos sean posibles�.
El fiscal citó en numerosas ocasiones la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en junio 2009, en la que se avaló la ilegalización de Batasuna y la de las marcas electorales herederas de la formación por ser �una amenaza para la democracia�.
RETIRA LAS ACUSACIONES
El fiscal modificó su petición inicial y retiró la acusación contra tres acusados, en concreto contra el portavoz de la izquierda abertzale Txelui Moreno, contra el electricista y exconcejal de HB en Astigarraga (Guipúzcoa) José Manuel Serra, y contra la activista de Etxerat, Amaia Esnal.
El representante del Ministerio Público rebajó, además, la petición de pena para el resto de los procesados. En vez de los diez años iniciales, solicitó nueve años de prisión para Miren Zabaleta, hija del líder de Aralar Patxi Zabaleta y una de las dirigentes emergentes de la izquierda abertzale, y pidió ocho años para la extesorera del PCTV, Sonia Jacinto, y para Arkaitz Rodríguez, exresponsable de Haika y presunto miembro de Ekin, todos ellos por un delito de integración en organización terrorista.
