El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, considera «muy positiva» la propuesta de separar la instrucción judicial de las medidas que pueda imponer el juez a una persona imputada, tal y como se propone en el borrador de nueva Ley de Enjuciamiento Criminal (LeCrim).
Belloch, que es juez en excedencia y ha sido ministro de Justicia e Interior, se refería de este modo a los señalado en el borrador dado a conocer ayer. El proyecto adjudica a los fiscales la dirección de las investigaciones penales, mientras que el juez conservará el poder de imponer medidas cautelares tales como la prisión o la obligatoriedad de comparecer periódicamente ante las autoridades.
En la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Centro de Incubación de Empresas (CIEM), en Zaragoza, el primer edil ha rehusado valorar globalmente el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) elaborado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dado que su cargo actual se circunscribe a la capital aragonesa.
Sin embargo, opina que «si un juez –instructor– tiene en su mano la capacidad para instruir y decidir si entra en prisión –un imputado– (tal y como ocurre en la actualidad) las garantías del ciudadano no existen».
«Todos los ministros de Justicia lo hemos intentado y ninguno lo hemos logrado», ha señalado Belloch. También ha indicado que «siempre» ha habido «polémica» en torno al papel de los fiscales, colectivo al que el borrador de Caamaño entrega la instrucción de los casos.
Otro aspecto «importante» de la propuesta de reforma, ha continuado Belloch, es la limitación del tiempo que debe transcurrir un proceso judicial. «No puede ser que las personas estén pendientes 10 años», ha dicho.
El juez en excedencia ha indicado que el plazo que marque la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no debe ser «rígido», sino «flexible» y lo deben conceder los jueces «en función de la complejidad del caso».
El Gobierno está preparando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que contempla que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir la investigación penal. Francisco Caamaño ha defendido el proyecto, aunque ha reconocido que es «sólo un borrador», porque recogerá garantías constitucionales que la actual norma no recoge y sí lo hacen los tribunales Constitucional y Supremo. En cambio, al PP no le ha gustado el proyecto, porque no garantizará la independencia en las investigaciones.
