La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la puesta en libertad del ex jefe militar de ETA Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, acordada este miércoles por el juez Santiago Pedraz, tras recordar que su detención en mayo pasado se produjo después de «abandonar su domicilio» y cuando se encontraba «con sus pertenencias junto a la frontera francesa», informaron fuentes jurídicas.
En un recurso de reforma subsidiario de apelación a la Sala de lo Penal, el fiscal Jesús Alonso pide la revocación del auto de Pedraz, que acordó la excarcelación del etarra por entender que no había riesgo de fuga, al entender que se trata de una resolución «contraria a derecho» y a «las reglas de la lógica».
El fiscal sostiene que ‘Iñaki de Rentería, al que se investiga por ordenar la prolongación del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en julio de 1996, debe volver a prisión tanto por su «intento de abandonar el territorio nacional al producirse su imputación» como por la «gravedad y trascendencia» de los hechos investigados.
En su escrito el representante del Ministerio Público advierte que, de no haber sido detenido, las actuaciones judiciales «hubiesen tomado otro cariz y hubiese sido necesaria la solicitud de cooperación jurídica internacional con el consecuente retraso en la tramitación de las actuaciones». «Es decir, la detención se llevó a cabo para impedir que el inculpado se fugara y eludiera la acción de la justicia», afirma.
«El órgano judicial instructor excluye el riesgo de fuga prescindiendo de las reglas de la lógica al valorar una circunstancia absolutamente irrelevante a estos efectos, cual es la permanencia en territorio nacional tras su excarcelación en el 2010 y que manifiestamente se ha visto enervada por los datos objetivos que posteriormente se han producido», apunta el recurso.
PRUEBA CALIGRAFICA
Alonso también defiende la necesidad de «asegurar la presencia del acusado» en este procedimiento, «máxime en este momento en que el mismo es conocedor de dichas imputaciones y de las consecuencias penales que llevan aparejadas». A ello añade «la solicitud de práctica de diversas diligencias acordadas por el propio instructor, que no sólo devienen necesarias sino fundamentales» y que precisan de su «plena disposición» al juzgado.
Como último argumento apunta que existen «suficientes indicios» para mantener la prisión «por cuanto lo aportado por la Policía se considera suficiente para mantener la prisión y formular una acusación provisional», en referencia al informe pericial caligráfico de la Comisaría General de Informacion que acreditaba que ‘Iñaki de Rentería’ escribió un manuscrito con el nombre de ‘Gorosti’ en el que ordenaba a los miembros del ‘comando Gohierri’, que custodiaban a Ortega Lara, que mantuvieran el secuestro a pesar de que sus captores «le veían muy bajo».
En concreto, los miembros del talde «comentaron a su entonces jefe, ‘Gorosti’, la posibilidad de dejarle libre dada su condición física pero él se negó alegando que «las negociaciones estaban muy duras y que no veían solución». Ortega Lara permaneció secuestrado un año más, hasta el 1 de julio de 1997.
El ‘comando Gohierri’, que fue desarticulado el 1 de julio de 1997, estaba formado por Jesús María Uribecheberría, José Miguel Gaztelu, Luis Erostegui y Javier Ugarte, que se encargaron de secuestrar y mantener al funcionario de prisiones oculto en un zulo que fabricaron en un taller de Mondragón (Guipúzcoa).
El juez Pedraz dejó este miércoles al etarra en libertad tras imponerle la obligación de realizar comparecencias semanales y retirarle el pasaporte. En su auto argumentaba que el riesgo de fuga resulta «minimizado» porque cuando salió de la cárcel en abril de 2010 fijó su residencia en Rentería «cuando bien pudo haberse trasladado -huir– al extranjero».
