La causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA ha sido elevada al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debido a «su complejidad e importancia jurídica», han informado fuentes jurídicas.
La decisión, tomada por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, supone que serán los 18 magistrados que componen el Pleno los encargados de estudiar, después del verano, los recursos presentados por el director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros, contra su procesamiento por la comisión de delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos.
Gómez Bermúdez ha comunicado este martes al juez instructor, Pablo Ruz, el presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás, y el secretario judicial de esa sección que el asunto se elevará al Pleno.
La decisión se ha producido después de certificar la interposición de recurso de reforma subsidiario de apelación y de comprobar que el juez Ruz ha desestimado en reforma los recursos presentados por las defensas.
Ruz procesó el pasado 13 de julio a García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros al considerar que impidieron a través del chivatazo al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, no sólo que se produjera la detención de miembros de la banda terrorista ETA sino que permitieron que la banda se financiara a través del dinero obtenido por extorsión.
El juez especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.
Hace también referencia a las críticas vertidas por las defensas de Ballesteros y Pamíes contra el equipo investigador de la delación y su responsable, Carlos Germán, y destaca que «las sospechas vertidas en su contra» –que apuntaban a que pudo ser él quien advirtió por teléfono a Elosúa de los próximos arrestos- «carecen de sustento».
